La situación procesal de Macri y sus secuaces se complica cada día más y es en ese contexto de pánico donde se dan las acusaciones de la oposición contra la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini. Lo cierto es que el Estado Plurinacional de Bolivia podría acusar a Macri de ser partícipe necesario de delitos de lesa humanidad como socio de un plan regional para gestar un Golpe de Estado. Un hecho gravísimo que viola el Estatuto de Roma y los tratados internacionales.
El mérito del soplón es efímero, decadente y lleva impresa la huella de la banalidad. No es lo mismo husmear en correos electrónicos ajenos que traer más de 40 millones de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina en plena pandemia y crisis mundial.
No es lo mismo depredar y vaciar el Estado que construir un Estado presente y puesto a salvar vidas de millones de argentinos y argentinas, con vacunas de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido e India.
Claro que no es lo mismo endeudar a generaciones de argentinos en más de 100 mil millones de dólares por un siglo como hizo Mauricio Macri, que tratar de solucionar la macroeconomía a pesar de los golpes de mercado de los mismos de siempre encabezados por fondos de inversión extranjeros y especulares locales ligados a la hegemonía mediática y a la oligarquía evasora y sojera.
No son lo mismo la asesora presidencial Cecilia Nicolini que el periodista Carlos Pagni de La Nación, quien hasta antes de ayer se reía al aire y por televisión de “los penes de madera” para la educación sexual retrocediendo a un discurso del siglo XIX. Visto al espejo del pasado, el presente y del futuro, cuando el Gobierno acaba de anunciar el nuevo DNI para personas no binarias, los seres como Pagni son dinosaurios de madera.
Desesperados
El flamante ataque contra Cecilia Nicolini conforma el mismo plan de desgaste por goteo al Gobierno fomentado por la extrema derecha argentina y continental que desde 2020 se opuso a la vacunación, a las vacunas de Rusia y de China, y al aislamiento preventivo.
Ahora este mismo sector conservador desespera ante la posibilidad de que su líder aparente sea llamado a indagatoria en Bolivia acusado de tráfico de armas y contrabando ilegal, imputado de haber ayudado a los golpistas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019 masacrando a 37 personas y provocando más de 700 heridos graves en Sacaba y Senkata.
Por eso, esta semana el Gobierno Nacional amplió la denuncia penal por contrabando agravado contra Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y el ex embajador en Bolivia, Normando Álvarez García –premiado con la orden del mérito a la nada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy–.
En el escrito de 26 páginas, los ministros Martín Soria y Sabina Frederic junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, pusieron el tilde en los roles de la Gendarmería Nacional, la fuerza que tomó por asalto Bullrich en agosto de 2017 con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut.
En la presentación ante el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, el Gobierno señaló al Comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba como el presunto encargado de la recepción de las 70 mil municiones para reprimir al pueblo que resistió el Golpe de Estado tras el 10 de noviembre de 2019.
Según consta en registros oficiales de los Ministerios de Justicia, Seguridad y Defensa, Caliba tuvo contactos con la Jefatura de la Policía golpista de la presidenta de facto Jeanine Áñez, actualmente detenida en el penal de Miraflores acusada de delitos de lesa humanidad.
Caliba se dedicaba a hacer lobby para los represores golpistas y transmitir sus requerimientos a la gestión macrista: pedidos para obtener material represivo (granadas de gas pimienta, proyectiles calibre 12/70, y municiones anti tumulto). La información sobre Caliba surgió un día después de que el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, le dijera al diario Página/12 que ya tenían identificado al uniformado que había coordinado la entrega del material bélico. Caliba era el enlace de la Gendarmería en Bolivia y quedó en el centro de la investigación a raíz de nuevos elementos que aparecieron en los últimos días. Por el momento, no es uno de los denunciados, como sí lo están otros integrantes de esa fuerza, como su ex Comandante Gerardo Otero, el ex Director de Logística Rubén Carlos Yavorski y el ex Director de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Los tres gendarmes fueron imputados el viernes pasado por el fiscal Claudio Navas Rial junto con Macri, Bullrich, Aguad y Álvarez García, entre otros.
El ex comandante Otero es el mismo que avaló la pericia trucha que determinó por alquimia que el fiscal Alberto Nisman habría sido víctima de un homicidio a manos de una especie de comando de alienígenas que traspasó la gravedad y el espacio terrestre de Puerto Madero sin dejar una sola huella a su paso.
El Ministerio de Seguridad de la Nación desafectó a los gendarmes que aún estaban en funciones y son investigados por la Justicia.
Ahora bien, ¿el avión Hércules C-130 que salió de El Palomar el 12 de noviembre de 2019 con miles de municiones para la represión y 11 gendarmes del Grupo Alacrán para “cuidar la embajada” en La Paz y sus funcionarios fue conducido por otro alienígena?
No. Se trató de un piloto de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo que dejar por escrito un informe.
A tal punto que ese mismo día, el jefe de los alacranes, Fabián Manuel Salas, le envió una nota al jefe de la Fuerza Aérea Argentina para avisarle que el Hércules que saldría tendría una carga adicional: 70 mil balas, sprays y granadas.
“Los mencionados efectos son los utilizados habitualmente por la Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público”, intentó excusarse Salas. Pero no es así.
El armamento represivo no figura en el acta de la carga del avión Hércules. Además, el Grupo Alacrán tampoco usa balas de goma, sino cartuchos letales, y para ello trasladaron a Bolivia ametralladoras, fusiles de asalto, escopetas y pistolas calibre 9mm, con más de 8 mil municiones de plomo aptas para decenas de armas letales.
“En las últimas horas, el Estado Plurinacional de Bolivia informó públicamente el hallazgo en los depósitos de la Policía Boliviana de armamento y municiones de origen argentino, que se corresponden con el material cuyo contrabando se investiga en la presente causa. Este descubrimiento corrobora que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, y que tampoco se utilizó en ´ejercicios de entrenamiento’, sino que se puso a disposición de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron del golpe de estado que tuvo lugar en Bolivia en noviembre de 2019. Además, estos nuevos hechos permiten discernir lo sucedido con el armamento y las municiones que salieron irregularmente de nuestro país. Si a partir de la prueba incorporada en la denuncia original quedaba claro que parte de ese material había sido entregado a la Fuerza Aérea Boliviana, ahora se evidencia que el material restante habría sido entregado a la Policía Boliviana. El desvío está acreditado ya no solo con prueba documental, sino también con prueba material: nos referimos al armamento y la munición efectivamente hallados en Bolivia, en un depósito que bajo ninguna circunstancia se corresponde con la finalidad de protección de la Embajada”.
Penas
El delito por contrabando agravado en Argentina tiene una pena de entre 4 y 12 años de prisión. En Bolivia el contrabando ilegal de armas se penaliza con 30 años de cárcel.
Tal como lo adelantamos el viernes pasado, la situación procesal de Macri y sus secuaces por el Golpe en Bolivia se complica cada día más.
El fiscal de Estado de Bolivia imputó a Jeanine Áñez por el delito de genocidio y lesiones seguidas de muerte. La misma acusación penal pesa sobre el ex Comandante golpista de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros Lara, que dejó en la burocracia militar de su país la carta de agradecimiento al ex embajador argentino, Álvarez García, por “40 mil municiones calibre 12/70” y otros pertrechos para masacrar civiles con gases y convulsiones químicas.
Una copia de esa carta quedó archivada en los registros de la embajada argentina en La Paz y es parte de las causas penales contra Macri y sus legionarios.
Epílogo
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se dedicó a espiar a propios y extraños de forma sistemática en toda la gestión de Macri. La AFI montó una verdadera cacería contra la oposición política de entonces –principalmente contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos–.
Sí. Eran dos. Uno operaba desde Santa Cruz de la Sierra (el epicentro racista y neonazi del Golpe contra Evo Morales) y otro espía actuaba desde La Paz. Este último era el enlace de la CIA con informes especiales sobre la coyuntura de Bolivia. Ambos habrían regresado a la Argentina presumiblemente antes de los acontecimientos investigados.
El segundo jefe de la delegación Naval de Argentina en Bolivia en 2019, Capitán de Fragata Gestoso dejó por escrito que pasó con las municiones entregadas a sus colegas de la Fuerza Aérea golpista de Bolivia.
Por eso, el ministro Agustín Rossi manifestó que “hay semiplena prueba de que el gobierno de Macri envió material bélico a Bolivia”.
Las acusaciones de la oposición contra la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini se dan en un contexto de pánico para Macri.
¿Qué es el pánico? Miedo al miedo.
El Estado Plurinacional de Bolivia podría acusar formalmente a Macri de ser partícipe necesario de delitos de lesa humanidad como socio de un plan regional para gestar un Golpe de Estado. Un hecho gravísimo que viola el Estatuto de Roma y los tratados internacionales.
La agresividad de la oposición y sus medios dominantes evidencia ese estado de inquietud y malestar.
Estados Unidos envió hace una semana 3.500.000 dosis de la vacuna Moderna y la Argentina compró 20 millones de dosis para 2022. No se trata de “una cuestión ideológica” como dice Pagni.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional adquirió y trajo desde China 12.912.000 de vacunas Sinopharm que pueden ser aprobadas para uso pediátrico al igual que Moderna.
El laboratorio Richmond ya produjo más de 2.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik 1 y 2.
El lunes llegan desde Moscú 500 litros del componente activo para fabricar más de 800 mil dosis de la segunda dosis de Sputnik y en una semana más otros 500 litros. Es decir que el e-mail enviado por Nicolini al Fondo de Inversión de Rusia sirvió para lograr fabricar en el país nada menos que 1.600.000 vacunas del componente 2 de la Sputnik que serán aprobadas por el Instituto Gamaleya y el ANMAT.
La Argentina logró traer más de 40 millones de vacunas en pandemia.
Eso llena de odio a los instigadores de la muerte y los golpes de estado.
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Publicado en lanuevacomuna.com
