Un día después de los festejos del 12 de octubre, el intendente municipal Arturo Rojas y el secretario de obras públicas Adrián Furno firmaron un decreto con algún que otro detalle llamativos.
Se trata de la puesta en marcha de fondos enviados por el estado nacional para realizar obras puntuales en este distrito, en este caso específicamente para una obra de «Reparación de Baches y Reconstrucción de Rampas» en el Barrio Los Malvones. Al llamado para una segunda licitación (la primera resultó vacante) acudieron dos firmas locales y de trayectoria en la zona, Vicoli SRL e Hidracil SA.
En el decreto Nro 3151/22 se da cuenta que el presupuesto inicial de las obras era de alrededor de 12 millones de pesos pero por el paso del tiempo e inflación mediante, la cifra actualizada es cercana a los 20 millones. A la inflación la sufrimos todos los argentinos y se hace engorroso adecuarse a los escenarios de aumentos de precios mes a mes, sobretodo cuando hay que planificar obras mirando hacia el futuro. Se pueden cometer errores, ¿aquí encontramos uno?
La lupa sobre el Decreto Nro 3151
Las empresas de construcción a escala no son muchas en la zona, por lo que hay cierto nivel de acuerdo para que todas puedan coexistir, para evitar una competencia salvaje. ¿Cartelización? Podría ser, pero no es el caso de este artículo.
La licitación finalizó en los plazos establecidos, las dos empresas mencionadas presentaron sus sobres con las propuestas. Según el Decreto Nro 3151 , el intendente Rojas resolvió adjudicar la obra a la empresa Hidracil SA, perteneciente al Grupo Cannatá del reconocido empresario José Cannatá.
En uno de los considerandos se indica que «la Oficina de Contrataciones y Licitaciones indica que se procede a la devolución del sobre Nro 2, al oferente VICOLI S.R.L por la no presentación del certificado de Libre Deuda Municipal emitido por la Secretaría de Legal y Técnica» ya que esto es un «causal de rechazo» establecido en el pliego de la licitación. Esta repartición es ocupada por el abogado Ernesto Povilaitis quien, dicho sea de paso, es el que tiene la responsabilidad de todos los actos licitatorios de la municipalidad.
El Libre Deuda
Y aquí, en el simple papel de un certificado de Libre Deuda de tasas municipales nos vamos a detener porque surgen las preguntas para todos lados:
A la empresa Vicoli:
¿se le pasó por alto presentar el Libre Deuda de tasas municipales?
¿la empresa desconocía que es un documento indispensable para participar de una licitación con el Estado municipal?
¿a la fecha de octubre de 2022 era la primera vez que Vicoli SRL participaba de una licitación?
¿la empresa llevó adelante algún tipo de reclamo tras haberse rechazado su oferta a pesar de ser más baja que la de su competidor?
¿la omisión fue voluntaria o involuntaria?
A la Secretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea:
¿desde esta repartición se omitió la entrega de un documento necesario para el trámite licitatorio?
¿la misma repartición objetó la falta de ese documento vía la Oficina de Contrataciones y Licitaciones?
¿fue una omisión voluntaria o involuntaria?
A los y las concejales:
¿estos trámites pasaron para su estudio por el Honorable Concejo Deliberante?
A la empresa Hidracil:
¿está al tanto de este incidente?
¿asintió la situación legalmente?
A todos:
¿hubo una maniobra intencional de direccionar una licitación hacia una empresa en detrimento de la otra?
¿hubo afectación del erario municipal, es decir se pagó de más como resultado de esta licitación?
Es muy llamativo el detalle del Libre Deuda, tan llamativo como todo este proceso de dos licitaciones en los cuales prudentemente no participaron los concejales de los bloques opositores. Es decir que se ha realizado todo el trámite a puertas cerradas, entre los propios.
El caso Tellechea
A esta altura, todo lleva a recordar algo que el intendente Rojas y el secretario Povilaitis saben muy bien: una licitación trucha fue causal de destitución del ex intendente Horacio Tellechea hace diez años atrás. En 2012, Rojas era concejal activo en aquella comisión investigadora pero Povilaitis, de los dos lados del mostrador, era el responsable de llevar adelante aquella licitación ignominiosa.
Tellechea fue destituido como intendente, condenado a 3 años de prisión e inhabilitado para la función pública (en primera instancia) por fraguar una licitación de un aparato radiológico de 15 mil dólares. En aquella oportunidad, hubo también dos oferentes a una licitación (la 01/2012, a pocos días de asumir) para la provisión del famoso Arco en C. Pero se demostró luego que uno de los oferentes era «de palo», se adjudicó al segundo y ya sabemos como terminó todo. Para tenerlo en cuenta.
Lo cierto es que la obra fue adjudicada y es de esperar que se ejecute como corresponde lo cual sería un beneficio altamente positivo para toda la comunidad. Y que cada uno haga el trabajo que le corresponde.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
