¿Será Justicia?
Se llama Pablo Mariano López. Es un reconocido letrado del Estudio Jurídico Torres en la ciudad de Olavarría, inscripto en el Colegio de Abogados de Azul. A pesar de su juventud, es un activo defensor de algunas causas del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, haciendo un seguimiento minucioso sobre la realidad del Penal de Sierra Chica.
Su profesión, liberal, no le impide aceptar casos urticantes. Uno de ellos es el de la defensa de los hermanos Fernando Nicolás y Emiliano Ernesto Cañada, responsables de la firma especializada en fumigaciones Shipinsuarence S.A.
Ambos hermanos están acusados de haber provocado una intoxicación masiva en una zona de Quequén. El episodio, que demostró una negligencia superlativa por parte de los empresarios mencionados, ocasionó la muerte trágica de Melisa Núñez y la intoxicación masiva de una veintena de vecinos del lugar.
Las fotos y los testimonios de testigos fueron harto elocuentes acerca de irresponsabilidad supina de los hermanos Cañada: en un día lluvioso, habían acopiado agroquímicos en un patio, sustancias que explotan y se incendian en contacto con el agua. El material fue desechado por las cañerías de desagüe y circularon por las cloacas de toda la manzana, ingresando a las viviendas por las rejillas de baños, cocinas y patios.
Melisa no tuvo la suerte de su lado ese día. Los dispositivos de seguridad no funcionaron como corresponde y ni Bomberos, ni Policía Ecológica ni Defensa Civil tomaron cartas en el asunto, a pesar de los avisos de alerta de los vecinos. Cansada, ese día Melisa volvió de estudiar, ingresó a su casa como si nada, se recostó y a los pocos minutos comenzó el terrible proceso de intoxicación que le devoró los órganos, encontrando la muerte a las pocas horas.
El Dr. López, abogado defensor particular de los acusados, intervino desde un principio en la causa Nº 11-0-001854-15, caratulada «N.N.. S/INCENDIO O ESTRAGO CULPOSO – ART. 189 C.P.».
El letrado solicitó ante la UFI Nº 2 a cargo de la Dra. Silvia Gabriele primero y luego ante el Juez de Garantías Nº2 Dr. Aldo Rau (subrogante por esos días) la «eximición de prisión de los Sres. Emiliano Cañada y Fernando Cañada». El juez le dio la razón al abogado López y los hermanos Cañada tuvieron la buena fortuna de no pasar ni 24 horas en prisión.
El otro caso
En 2011 una causa judicial tuvo un alto impacto en la opinión pública: se había descubierto a la «mafia de los medicamentos». La investigación estaba en manos de los jueces federales Norberto Oyharbide y Claudio Bonadío y pusieron bajo la lupa el accionar de una red de complicidades entre droguerías y obras sociales. La investigación probó que varios pacientes murieron como consecuencia del uso de medicamentos «truchos», vencidos o robados y llevó a la cárcel al sindicalista de La Bancaria Juan José Zanola y al líder de la UATRE, Gerónimo Venegas, entre otros.
La ex ministra de Salud Graciela Ocaña se paseó por canales de TV y radios señalando que Venegas formaba parte de la investigación que abarca a unas 80 obras sociales, con escuchas telefónicas y todo. El manejo de fondos estatales asignados a tratamientos oncológicos y patologías graves aportados a OSPRERA estaban en la mira ante la dudosa compra de consultorios móviles, camionetas y camiones. Fue tal el revuelo que los obreros rurales se movilizaron en las rutas y hasta la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias movió sus piezas por la liberación de Venegas.
El mundillo sindical se sintió amenazado ante la posibilidad de que la investigación avanzara hacia otras obras sociales y dispuso toda la artillería para una defensa judicial eficiente. En paralelo, comenzó una negociación política de alto nivel y que el tiempo mostró más eficiente aún. La causa parece hoy desvanecida en el aire y Venegas no estuvo ni siquiera procesado.
Quien habría firmado el pedido de eximición de prisión en aquella oportunidad fue el mismo abogado, el Dr. Pablo López.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
