Dos centros médicos en Rosario y una escribanía fueron allanados tras descubrirse un presunto negocio ilegal que explotaba a mujeres gestantes mediante la subrogación de vientres, entregando recién nacidos en Argentina a adoptantes extranjeros a cambio de grandes sumas de dinero.
Esta acción forma parte de un operativo que involucra otros cuatro centros médicos especializados en fertilidad, tres en Buenos Aires y uno en Quilmes, además de estudios jurídicos y escribanías, según informaron fuentes judiciales. La investigación comenzó tras descubrirse el caso de una niña nacida en Buenos Aires, quien fue trasladada a Alemania, donde las autoridades alertaron al consulado argentino sobre lo sucedido.
La Policía Federal allanó simultáneamente el pasado miércoles cuatro centros de fertilidad en Capital Federal y dos en Rosario. Allí, las mujeres se sometían a tratamientos de fertilización y técnicas in vitro. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron historiales médicos y documentos administrativos relacionados con los pagos.
Los centros de fertilidad y estudios profesionales involucrados no serán identificados hasta que la fiscalía determine con precisión las imputaciones, que podrían implicar penas de prisión efectiva. Los delitos se concretaban mediante el uso del sistema de escritura pública, que legaliza procesos de filiación sin intervención judicial, lo cual es riesgoso y permitido en pocos países. Actualmente, en Argentina, este mecanismo está suspendido por un fallo de una Cámara Civil.
Se investiga a una red transnacional que, desde 2018, gestionó al menos 49 nacimientos de niños que fueron enviados al exterior, principalmente a Europa, aunque también a algunos países de la región. El servicio ofrecido a los solicitantes costaba alrededor de 50 mil dólares. Las mujeres reclutadas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad económica, eran sometidas a condiciones de explotación comparables a la servidumbre, según la fiscalía.
La investigación, iniciada en enero en Buenos Aires por la fiscal Alejandra Mángano con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), apunta a personas y empresas extranjeras que operaban en Argentina, obteniendo grandes ganancias. Intermediarios se encargaban de reclutar a mujeres jóvenes en situaciones precarias para participar en la subrogación de vientres. También están bajo la lupa médicos, abogados y escribanos que facilitaban este proceso.
“Las personas y entidades investigadas promocionaban sus servicios en el extranjero, contactando a parejas que no podían tener hijos y ofreciéndoles un ‘servicio’ por aproximadamente 50 mil dólares”, explicó la fiscal Mángano. En algunos casos, el servicio era conocido como “Programa Argentina”.
El paquete de 50 mil dólares incluía la selección de la mujer gestante, la obtención de los embriones a implantar, el tratamiento médico, controles regulares del embarazo y el parto. La fiscal Mángano también destacó que las empresas reclutaban a las gestantes a través de redes sociales, aprovechando sus necesidades económicas. A las mujeres se les ofrecían 10 mil dólares por gestar al bebé, más entre mil y dos mil dólares adicionales si el parto era por cesárea.
Los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y se realizaron con la participación de las divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal.
El caso salió a la luz el 25 de enero, cuando las autoridades alemanas informaron al consulado argentino sobre una mujer de 58 años que llevó a un hospital en Alemania a una niña nacida en Argentina, presentando una partida de nacimiento y pasaporte argentinos. La niña se encontraba en mal estado de salud, y la mujer no podía brindarle la atención necesaria, lo que llevó a la policía local a retirarle la custodia y entregarla a una familia sustituta.
Este incidente permitió descubrir la red que, en los últimos seis años, facilitó la salida ilegal de 49 bebés del país. Las evidencias sugieren que se trataba de un esquema lucrativo, donde los adoptantes eran extranjeros sin vínculos previos con Argentina.
De los 147 procedimientos de subrogación de vientre en las clínicas investigadas, no todos fueron ilícitos. Algunas personas utilizaron esta técnica sin intermediación comercial, recurriendo a familiares o amigos. Sin embargo, en muchos casos, las mujeres gestantes enfrentaban condiciones emocionales difíciles. Si el embarazo se interrumpía, las empresas no les pagaban, salvo por gastos mínimos. Las mujeres aceptaban múltiples intentos de embarazo a cambio de 10 mil dólares, con controles médicos regulares y la posterior entrega del bebé, sin considerar las posibles consecuencias físicas y emocionales para ellas.
Las personas involucradas habrían operado de manera habitual una “empresa criminal dedicada a la captación de mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad económica, para someterlas a condiciones de explotación similares a la servidumbre”, según el dictamen judicial.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
