La Marina autorizó triturar documentos durante una mudanza interna. Organismos de derechos humanos y querellas temen la pérdida de pruebas clave para causas por crímenes de lesa humanidad. «La Armada da luz verde para destruir documentación» es el artículo de Página/12 que da cuenta de la situación.
La documentación en poder de la Armada es clave para la investigación de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que estuvieron cautivas unas 5.000 personas.
Pero no es el único expediente afectado por posibles alteraciones en el AGA: cualquier modificación podría generar “baches” en las causas en trámite en las jurisdicciones de Bahía Blanca y Mar del Plata, donde la Armada también estuvo implicada en secuestros, torturas y desapariciones.
La Decisión Polémica de la Armada
La Armada Argentina inició en enero de 2025 un proceso de traslado de su Archivo General (AGA), ubicado en Bolívar 1622, al Garage Central en Retiro. Según una resolución reservada, la fuerza permitió «depurar» y «triturar» documentos durante la mudanza, lo que generó alarma en organismos de derechos humanos y abogados querellantes.
Pablo Llonto, abogado de la megacausa ESMA, solicitó una medida urgente para impedir el traslado y citar al ministro de Defensa, Luis Petri, y al jefe de la Armada, Carlos María Allievi, a dar explicaciones. «Esta orden arbitraria pone en riesgo pruebas esenciales para las víctimas», afirmó Llonto.
Archivos en Peligro: Impacto en las Causas Judiciales
El AGA alberga entre 5.800 y 8.000 metros lineales de documentación, incluyendo legajos militares, informes de inteligencia y registros vinculados a centros clandestinos como la ESMA, donde 5.000 personas fueron torturadas o desaparecidas durante la dictadura (1976-1983).
Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, denunció: «Es otra maniobra para garantizar impunidad. Exigimos que expertos preserven estos archivos». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones anunciaron presentaciones judiciales para frenar la destrucción.
Historia de un Borrado Sistemático
La Armada tiene antecedentes de manipulación documental. En 1982, creó la Comisión Copese para microfilmar e incinerar pruebas de su accionar represivo, según testimonios del sobreviviente Víctor Basterra y registros hallados por los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA).
«Encontraron notas sobre la Copese en el legajo de Raúl Scheller, confirmando la destrucción masiva hacia 1984», explicó una fuente judicial. Sin embargo, en 2023, el ministro Petri desmanteló los ERyA, acción celebrada por represores y criticada por fiscales.
El Rol del Gobierno y la Comunidad Internacional
La gestión de Petri ha sido cuestionada por obstaculizar investigaciones. En marzo de 2024, eliminó los ERyA, acusándolos de «perseguir militares», pese a que su labor aportó pruebas clave. Más de 30 fiscales advirtieron que la medida afectaría causas en Bahía Blanca y Mar del Plata, donde la Armada operó centros clandestinos.
La semana pasada, el fiscal Alejandro Alagia alertó sobre el riesgo en el Archivo Nacional de la Memoria, incluyendo documentos de la CONADEP. La disputa llegó a la CIDH, donde organismos exigieron al gobierno de Javier Milei garantizar el acceso a los archivos.
Consultada por Página12 , la Armada negó tener información sobre el traslado, pese a confirmarse mediante fuentes internas. Ante la falta de respuestas, organizaciones preparan movilizaciones para exigir transparencia.
«Sin estos documentos, se abre un camino a la impunidad. La historia no puede repetirse», concluyó Lordkipanidse.
Fuente: Página/12 / Luciana Bertoia (29/01/2025)
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
