La diputada Susana González denunció al expresidente del Astillero Río Santiago (ARS), Daniel Capdevila, y otros funcionarios por el giro en el año 2018 de 95 millones de dólares para la compra de chapas náuticas y perfiles de acero que nunca habrían llegado. Esos insumos supuestamente serían usados para la construcción de cuatro barcos graneleros pero ni siquiera se presentaron los planes de obra.
“Tomé conocimiento de este episodio a partir del resultado de una pericia pedida por el fiscal Condomí Alcorta para imputar para imputar a los trabajadores del Astillero. Pero, esa pericia lejos de mostrar los elementos que él buscaba arrojó este grave informe de Prefectura y los peritos”, comentó la diputada provincial.
Y precisó: “Se trata de cuatro cartas de crédito de importación por 95 millones de dólares para la compra de perfiles y chapas que nunca llegaron. Ese dinero fue girado a una sociedad que había sido disuelta meses atrás”.
La empresa que recibió el dinero del erario público bonaerense se llamaba Open Like y tenía sede en Florida, Estados Unidos. La misma había sido disuelta en diciembre de 2017, meses antes de la aprobación de esta carta de crédito del ARS.
“En ese momento apareció también el ticket de un depósito a la cuenta personal de Capdevila por mil millones de pesos. Yo presenté un pedido de informes que durmió hasta ser archivado. El doctor Llermanos además presentó una denuncia. Esto será incorporado como elemento para mostrar que hubo varios hechos de corrupción para investigar”, anticipó Susana González.
Por otra parte, la legisladora señaló que en su denuncia plantea la existencia de “un entramado judicial que diferenciaba quienes debían investigar cuando eran denuncias por hechos de corrupción de ellos y quienes son los que investigaban las causas armadas contra nosotros”
En la presentación, González denuncia al fiscal Condomí Alcorta, el procurador Conte Grand, Francisco Pont Vergés (Secretario de Política Criminal), Ricardo López (ex Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos, y ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia) Miguel de Lezica (Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General) y Max Perkins (Subsecretario de la Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General).
Sobre el fiscal Condomí Alcorta, la diputada cuestionó: “En base a esta pericia, imputó a ATE Ensenada por el faltante de una factura en la compra de mercadería en un comercio pero dejó pasar los 95 millones de dólares que se pagaron por cartas de intención truchas”.
Estos insumos serían utilizados para la construcción de cuatro barcos graneleros. “Hay un contrato atípico sin planos de obra aprobados por sociedades certificantes ni Prefectura Naval Argentina. Tampoco hay un plan de certificación de avance de obra”, señaló.
Sobre las posibilidades de que esta denuncia pueda avanzar en la justicia, la legisladora expresó: “Como no se trata de una causa de espionaje ilegal no tendría por qué ser absorbido por el foro de atracción de Comodoro Pro tengo confianza que el juez Ramos Padilla pueda avanzar el investigación y se sepa qué sucedió con ese dinero”.
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Publicado en lanuevacomuna.com
