Requisas, demoras, listas negras y operativos de fuerzas federales en distintos puntos del país generan alarma por posibles violaciones a derechos constitucionales en la previa de la movilización por Cristina Fernández de Kirchner.
A pocas horas de una masiva movilización convocada por el peronismo y múltiples sectores sociales hacia la Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron a circular numerosas denuncias sobre retenes, requisas y controles arbitrarios por parte de fuerzas federales en distintas rutas del país. Manifestantes provenientes de Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, San Luis y otras provincias relataron haber sido demorados, filmados, fotografiados y hasta interceptados de manera reiterada, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y la motivación política de los procedimientos.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó públicamente el uso de «listas de gente identificada como agitadores», en declaraciones radiales que encendieron las alertas sobre un posible espionaje ideológico por parte del Estado. “Forma parte de los operativos de seguridad y de control de la calle. Hay listas de gente identificada como agitadores que promueven actos de violencia. Lo mismo que pasa con los hinchas de fútbol”, declaró en diálogo con Radio Mitre.
Las declaraciones del funcionario se conocen luego de que el gobierno de Javier Milei aprobara por decreto una reforma del estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), que habilita inspecciones a personas y vehículos en la previa de manifestaciones públicas, sin necesidad de orden judicial.
“Es una persecución abierta y deliberada, a partir de una orden”, denunció Leonor, militante de la agrupación Viento Sur, quien relató que los micros que partieron desde Río Gallegos fueron detenidos unas 10 veces durante la noche en la Ruta Nacional 3 por agentes de la Policía y Gendarmería.
Una situación similar fue reportada en la Autopista Rosario-Córdoba. “Subió Gendarmería, nos sacaron fotos, nos filmaron, requisaron el colectivo y a los compañeros”, detalló Ivana Martínez, militante cordobesa que encuadró el operativo como una “persecución al movimiento nacional y popular”.
Los controles también se replicaron en la Ruta Nacional 7. Buby Gil Bermejo, militante del Frente Renovador, advirtió que Gendarmería los detuvo tres veces en apenas 300 kilómetros entre San Luis y Mendoza, y denunció que les fotografiaron las listas de pasajeros y filmaron los colectivos.
Desde San Luis, otra manifestante alertó que los tenían “encapsulados tanto la Gendarmería como la Policía” y que se les impedía detenerse incluso en estaciones de servicio. “No respetan la democracia. Tenemos el derecho de ir a defender a nuestra líder”, expresó en un video viralizado en redes sociales.
En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue denunciada por realizar controles en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, incluyendo retenes en peajes de la Autopista Ricchieri, otro de los corredores clave hacia la Plaza de Mayo.
Las medidas restrictivas se producen en un contexto de creciente tensión política, tras la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, lo que motivó el redireccionamiento de la movilización hacia la Plaza. Allí confluirán sectores del peronismo, organizaciones sociales, sindicatos, partidos de izquierda, referentes de derechos humanos y personalidades del ámbito científico y cultural, para reclamar por la libertad de la exmandataria y denunciar su proscripción.
Desde diversos espacios políticos y sociales, advierten que la combinación de reformas por decreto a normas de seguridad, controles selectivos y el uso de “listas” constituye un preocupante retroceso en materia de libertades civiles y garantías constitucionales. “Esto no es seguridad: es persecución política”, sintetizó una de las manifestantes.
Con información de El Destape
La Nueva Comuna