La suspensión será por 90 días, inicialmente, o hasta que se lleve a cabo el juicio político. Este jueves se definirá el destino del proceso por la muerte del ídolo. Todo apunta a que lo actuado será anulado y que se celebrará un nuevo juicio desde el inicio.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió intervenir de oficio y apartó temporalmente a la magistrada de San Isidro, Julieta Makintach, por un período de 90 días “por las características inusitadas de la participación que habría tenido en un film o video, supuestamente documental, referido al proceso penal” en el que se investiga la muerte de Diego Maradona. Según la resolución, “prima facie se trata de una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”. La jueza pasará a percibir la mitad de su salario durante la suspensión, que probablemente se extienda más allá de los 90 días iniciales hasta que se concrete el jury. Es decir, Makintach se encuentra en una situación que podría derivar en su dimisión o remoción definitiva. Hasta anoche, no había sido localizada para recibir la notificación, lo cual sucederá este jueves. También ese día, los dos magistrados que completan el tribunal deberán definir si el juicio continúa o se reinicia. Todo indica que aceptarán la recusación presentada, pero si no lo hacen, será la Cámara Penal de San Isidro, la de Casación de La Plata o incluso la Corte provincial quien imponga esa decisión. Que el máximo tribunal se haya pronunciado justo antes del fallo de los otros jueces sugiere una intención clara: señalar que el proceso está “viciado, contaminado”. Por lo tanto, el juicio deberá recomenzar, con todo lo que ello implica. Se baraja enero de 2026 como la fecha tentativa para un segundo juicio.
El tribunal bonaerense, actualmente presidido por Hilda Kogan y compuesto también por Sergio Torres y Daniel Soria, ya venía interviniendo informalmente desde días atrás. El viernes pasado, expresaron su malestar a los jueces de San Isidro, pero al observar las imágenes del documental y recibir el informe de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, coordinados por el fiscal general John Broyad, elevaron la gravedad de su postura. En la Corte y en Casación prevaleció la idea de que el juicio estaba viciado desde su origen, ya que el documental transmitía de forma implícita una condena anticipada para al menos tres acusados: el doctor Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. El tono del tráiler ya era incriminatorio, y los textos del guion resultaban incompatibles con una eventual absolución. Es decir, que Makintach no actuaba con imparcialidad y habría mentido reiteradamente al negar cualquier relación con la producción. Además, lo que se vio hasta el momento resultó impropio: la jueza aparecía como una suerte de figura central, protagonista del caso.
En las cinco páginas del fallo de la Corte se mencionan “graves irregularidades” y “probanza de la gravedad de los hechos allí investigados, lo que denotaría el incumplimiento de los deberes que podrían comprometer a la magistrada en distintas esferas de responsabilidad”. Todo esto surge a partir de la causa iniciada la semana pasada como “averiguación de delito”, cuando se descubrió que dos personas estaban filmando las audiencias. La denuncia fue presentada por el abogado de Luque, Julio Rivas. El expediente quedó a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Armallo, también bajo la coordinación de Broyad. En apenas cinco días, encontraron dos avances de documental, material en bruto de múltiples escenas y el guion de seis episodios de 30 minutos. El hallazgo generó una fuerte indignación tanto entre las defensas como entre las querellas, especialmente cuando se conocieron versiones en inglés de un presunto primer capítulo. Toda una producción, con Makintach como figura estelar y un relato que daba por hecha la culpabilidad de los imputados.
Ante este panorama, la Corte resolvió que “para garantizar la efectividad de la investigación y de las causas en trámite, como así también la confianza de la ciudadanía, se dispone el otorgamiento de una licencia por el término de 90 días de la doctora Julieta Makintach”. En la práctica, esto significa que la jueza no regresará a su cargo hasta que se realice el juicio político, algo que puede demorar varios meses. En ese lapso, lo más probable es que se le extienda la suspensión tantas veces como sea necesario. Es muy posible que Makintach decida renunciar, como ocurrió en otros casos similares, lo que le permitiría evitar una destitución formal. En este punto hay posturas encontradas: algunos consideran que no debe aceptarse la renuncia si hubo faltas graves o delitos, y que el juicio debe completarse con una eventual destitución. Otros sostienen que aceptar la renuncia es una vía más rápida. En cualquier escenario, la magistrada quedará sin fueros y podrá ser imputada si se determina que incurrió en una conducta delictiva. Por ahora, lo que parece evidente es un comportamiento impropio, inapropiado o, como lo expresó la Corte, “inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad, contrastando abiertamente con el desempeño responsable”. En el ámbito judicial de San Isidro, la mayoría considera que Makintach no cobró por participar del documental: lo habría hecho por vanidad, como lo reflejan las imágenes, y con el deseo de convertirse en una especie de figura pública invitada a congresos sobre delitos por omisión, como en este caso, por no haber atendido adecuadamente a Maradona.
De momento, tras la emisión del fallo en San Isidro, fue imposible ubicar a la jueza, quien incluso dejó estacionada su camioneta Ford Ecosport blanca en el edificio de los Tribunales. Los notificadores deberán ir a su domicilio, ubicado en un barrio cerrado, para entregarle la notificación este jueves.
La atención estará puesta ese mismo día en la decisión que adopten los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, a cargo del juicio por la muerte del exfutbolista. El anuncio está previsto para las 12 del mediodía y, según todo indica, aceptarán la recusación y admitirán que el proceso no puede continuar en estas condiciones. En caso contrario, se abrirá una etapa de apelaciones, y tanto la Cámara de Casación como la Corte impondrán la nulidad de lo actuado durante las audiencias orales, incluida la preparatoria. Nulidad total.
Para todos los actores del caso, la suspensión de Makintach justo antes del anuncio de sus colegas fue un mensaje contundente. La Corte pudo haber esperado hasta el lunes, pero no lo hizo: buscó dejar clara su posición con firmeza. Los jueces que siguen deberán tomar nota.
Ahora habrá que designar a tres nuevos jueces, realizar una nueva audiencia preliminar, revisar las listas de testigos (que podrían reducirse) y analizar las pruebas documentales para el futuro debate oral. Luego se fijará una nueva fecha. Algunos sugieren que esta podría ser la oportunidad para que el Poder Judicial muestre otra actitud: realizar el juicio durante la feria de enero, con jornadas de lunes a viernes. No es lo más probable, pero tampoco es imposible.
La Nueva Comuna