El stand by firmado por Macri en junio de 2018, fue refritado en septiembre de ese año; ampliándose a unos u$s57.400 millones finales que se prestarían escalonadamente; y, nuevamente, se imponía que debían ser única y exclusivamente destinados a cubrir los vencimientos de deuda. Eventualmente, y bajo fiscalización específica del Fondo, para cubrir desvíos fiscales. Como esta operación debía incluir venta de divisas en el mercado local, lo que provocaría intervenciones en el mercado cambiario y emisión de pesos, debía ser negociado con Washington. En general el compromiso se cumplió en los primeros meses.
Sin embargo, el teléfono rojo volvió a funcionar antes de las PASO del 11 de agosto, habilitando otros u$s2.500 millones también para ejecutar política cambiaria; dinero que se utilizó, fundamentalmente, el 12 de ese mes, primer día poselecciones, y en una jornada en que el dólar alcanzó los $57,3, luego de una devaluación del 21,3%. Ese día salieron del sistema financiero unos u$s1.200 millones, en teoría, financiados por dinero del FMI.
Estima el propio organismo que unos u$s8.000 millones de los u$s44.800 millones que el Fondo había girado a la Argentina se habilitaron para ejecutar política cambiaria, violentando la letra del artículo IV del organismo, a partir de las presiones directas del Gobierno de Trump con la carta de ser el principal aportante del organismo.
AMBITO
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