La confirmación de la condena a Cristina Kirchner, en la única de las varias causas que prosperó hasta el juicio a pesar de la falta de pruebas contundentes, es esperada para hoy. Otros casos se desestimaron antes de llegar a juicio por «inexistencia de delito», aunque cumplieron su propósito: una condena mediática y judicial que buscó deshumanizar a CFK durante más de una década, llegando incluso a provocar intentos de atentar contra su vida.
El lawfare —o guerra judicial— se ha usado como herramienta contra el modelo económico que implementó CFK. Un modelo que, si bien permitía beneficios para grandes empresarios, incluía políticas redistributivas que señalaban el desbalance entre el capital y el trabajador. La condena en la causa Vialidad, sin fundamentos sólidos, llegó oportunamente de cara a fechas electorales. Y los jueces vinculados a Macri, responsables de esta causa, escribirán hoy un nuevo capítulo en la historia de este mecanismo judicial que se ha replicado en América Latina bajo el pretexto de la «lucha contra la corrupción».
La condena como castigo político
Macri designó a Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad para activar una revisión de la obra pública, pero centrada en Santa Cruz, en las obras realizadas por Lázaro Báez, en lugar de una auditoría completa. Curiosamente, el Grupo Austral de Báez ocupaba el puesto 38 en la lista de contratistas de obra pública, mientras que grandes empresas como Techint y Electroingeniería encabezaban el ranking.
Durante el gobierno de Macri, el juez Ercolini avanzó rápidamente en el caso Vialidad, acompañado de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los vínculos entre jueces, fiscales y el gobierno de Macri no eran casuales: compartieron incluso un viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín, que ha sido un importante difusor de las acusaciones mediáticas.
Entre el deporte y la justicia
Jueces como Borinsky y Hornos se reunieron con Macri mientras decidían aspectos clave en esta causa, en tanto el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani jugaban al fútbol juntos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri. Estas relaciones cuestionan la imparcialidad en el tratamiento de la causa Vialidad. En el proceso judicial, testimonios convocados para acusar a CFK terminaron respaldando la legalidad de las obras realizadas.
El papel de los medios y el contexto internacional
La cobertura mediática alimentó el desprestigio, mientras se minimizaban las pruebas. El intento de magnicidio contra CFK, ocurrido en septiembre de 2022, se desarrolló en un ambiente de odio incitado por discursos reiterativos en los medios. En ese contexto, informes internacionales que citaban a CFK en acusaciones de corrupción fueron rápidamente difundidos por ciertos medios nacionales, aunque los informes públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos apenas dedicaron párrafos a estos temas.
El «combate contra la corrupción» forma parte de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que ha justificado intervenciones en América Latina en otras épocas bajo la bandera de la lucha contra el comunismo o el narcotráfico. El objetivo, explícito en documentos públicos, es proteger los intereses estadounidenses frente a competidores como China y asegurar condiciones favorables para sus empresas.
La condena a CFK se enmarca en esta estrategia, como sucedió con la persecución judicial de figuras políticas en la región, incluyendo a Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
