El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) habilitó, “en principio”, que Cristina Fernández de Kirchner pudiera salir al balcón de su casa, tras la multitudinaria movilización del miércoles en su apoyo. Esa habilitación, sin embargo, llegó acompañada de una advertencia: no deberá “perturbar” la “tranquilidad” del vecindario. En simultáneo, el tribunal dispuso colocarle una tobillera electrónica, un dispositivo que en la mayoría de los casos no se exige ni siquiera para genocidas condenados con arresto domiciliario.
El trámite se resolvió con inusitada velocidad: por la mañana se realizó la inspección técnica correspondiente y por la tarde ya estaba en su domicilio el personal del Ministerio de Seguridad de la Nación encargado de la colocación del dispositivo. En este contexto, resulta evidente que la decisión judicial llegó como respuesta simbólica al impacto de la marcha del miércoles, que incluso habría desactivado la intención inicial de mantenerla detenida por unas horas o días.
Una vez notificada por el TOF2 y con el dispositivo ya colocado, CFK salió al balcón y saludó a la militancia que se congregó nuevamente en su casa al grito de “¡Vamos a volver, a volver, vamos a volver!”. En medio de la manifestación, varias mujeres paseaban con tobilleras decoradas con flores, en una escena de humor popular y resignificación política del símbolo impuesto.
El conjunto de medidas judiciales adoptadas contra la expresidenta apunta, de manera evidente, a reducir su exposición pública y limitar sus contactos políticos. Entre ellas se suma la prohibición de recibir visitas que no estén incluidas en una lista previamente autorizada por la justicia, algo que no suele aplicarse de este modo en otros casos de prisión domiciliaria. La disposición incluye también a quienes deseen visitarla por fuera del círculo íntimo, salvo médicos o abogados.
Estas decisiones parecen seguir el ritmo marcado por los reclamos mediáticos más alineados con el oficialismo, así como por actores del poder económico. Primero fue la sentencia de la Corte Suprema —también emitida en tiempo récord— con el objetivo de impedir su candidatura luego del anuncio en la tercera sección electoral bonaerense, y luego comenzaron las resoluciones para la ejecución de la condena. Carlos Beraldi, uno de sus abogados, anunció que apelarán tanto la colocación de la tobillera como la limitación de visitas.
Otro caso que muestra el rigor selectivo del Poder Judicial es el de Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, también condenado por la Corte. A pesar de que presenta serios problemas de salud y se acerca a los 80 años, fue trasladado directamente a la cárcel de Ezeiza sin beneficio de detención domiciliaria provisoria. Periotti tiene deterioro cognitivo, un tumor que requiere cirugía, problemas óseos y otras afecciones propias de su edad. Mientras tanto, represores condenados mayores de 70 años suelen obtener arresto domiciliario con celeridad.
El balcón como escenario político
En su resolución sobre la prisión domiciliaria de CFK, el TOF2 estableció que la expresidenta “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Como esa cláusula resultaba ambigua, la defensa pidió una aclaración formal: ¿significaba esto que no podía salir al balcón? La respuesta judicial, escrita con evidente cautela política, sostuvo: “el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.
Firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, la resolución continúa: “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación”. Así, el uso del espacio depende de un juicio subjetivo, difícil de delimitar: ¿saludar, cantar o hablar puede considerarse una “perturbación”?
La defensa había señalado que la escena del balcón había generado “un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país”. La respuesta del TOF2 desestimó esa preocupación, diciendo que las aclaraciones judiciales no deben intervenir en debates mediáticos: “no es función de este tribunal zanjar supuestos debates públicos y mediáticos sobre temas de interés general”. Resulta contradictorio que se niegue esa función cuando muchas decisiones parecen estar guiadas por esa misma presión.
Tobillera exprés
El jueves por la mañana, personal de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del área que conduce Patricia Bullrich, visitó el domicilio de CFK en Constitución para verificar la factibilidad técnica de la colocación de la tobillera. El procedimiento incluyó una evaluación de conectividad, posibles fallos del GPS o errores de alarma.
El argumento judicial fue que, según la ley de Ejecución Penal, modificada por la llamada Ley Petri —impulsada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri—, el uso de la tobillera es obligatorio para los detenidos con prisión domiciliaria. Sin embargo, expertos penalistas advierten que su uso no es la norma y que incluso suele demorarse varios meses por falta de disponibilidad. En muchos casos se realiza un control esporádico telefónico. La dirigente de izquierda Myriam Bregman, por ejemplo, señaló en redes que solo el 16% de los 498 genocidas detenidos en sus domicilios porta tobillera.
Este tipo de dispositivo funciona con un transmisor de baja potencia que emite un código único de identificación a una unidad receptora, la cual monitorea cualquier desplazamiento fuera del domicilio. Se puede programar para definir zonas y horarios, y también detecta manipulaciones o intentos de alteración. Es hermético, resistente al polvo y al agua.
En el caso de CFK, el procedimiento fue inmediato: con el informe técnico favorable, el TOF2 ordenó su instalación sin más dilación. Sus abogados insistieron en que la medida es innecesaria y apelarán la decisión ante la Cámara de Casación, integrada por jueces como Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes visitaban con frecuencia a Mauricio Macri —principal impulsor de la causa— durante su mandato.
La colocación de la tobillera, que debería servir para evitar fugas, no tiene asidero en este caso, donde el único objetivo visible parece ser el escarnio. Mientras tanto, la imagen de CFK permanece serena, sin señales de miedo, enfrentando el operativo político-judicial con entereza.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com