Con el pase a retiro voluntario de la mitad de su plantilla de empleados, la sede local del Correo Argentino comenzaría a ver resentida la atención al público y el servicio en general de la oficina que la empresa estatal tiene en Necochea.
Siguiendo su plan de recortes y despidos, el gobierno (único accionista del correo) busca literalmente des mantelar el servicio de correos que actualmente funciona sin problemas, reduciendo primero el funcionamiento de las 1500 sedes que el servicio tiene en el país y luego, cuando comience a presentar falencias en el servicio, usar ese argumento para privatizarlo.
En Necochea, los empleados están preocupados, porque si bien se prometen retiros de hasta 50 millones de pesos para los casos de mayor antigüedad, en el pasado la promesa no salió bien y cuando el menemismo concesionó por 7 años al correo, tres jefes de ese momento lo aceptaron y luego terminaron siendo despedidos con saldos mucho menores a los establecidos en el acuerdo.
Además, existe una seria preocupación sobre la perspectiva de los empleados de las sucursales de Quequén y la Villa Balnearia, que podrían ser despedidos antes que reubicados en otras áreas.
En ese contexto, la salida del 50% de la plantilla del personal seguramente resentirá la calidad del servicio y la atención al público en la sede central de avenida 58 y 63: por el edificio, que aunque data de los años 30 ha sido refaccionado en los últimos años, pasan diariamente miles de paquetes, documentos, cartas y telegramas, con un centro de distribución domiciliaria muy activo en tiempos de ventas online y entregas de mercadería puerta a puerta.
Los retiros podrían comenzar a afectar el servicio en las próximas semanas, dado que los trabajadores tienen tiempo hasta el 24 de mayo para comunicar su adhesión o no a la propuesta. El procedimiento para ellos consiste en confirmar su adhesión a través de una plataforma web del Correo y posteriormente la firma de un convenio en Mar del Plata.
La intención del gobierno de privatizar o concesionar empresas que tiene el Estado y funcionan normalmente brindando buenos servicios obedece a las políticas privatistas de Javier Milei que cree que todas las actividades deben ser manejadas por privados más allá de si el Estado llega a cubrir o no con sus obligaciones en esa materia.
La intención de producir un mal funcionamiento de la empresa para generar argumentos que permitan privatizarla es la misma que actualmente aplica sobre los ferrocarriles, que en los últimos años han recibido una fuerte inversión del Estado y que actualmente están siendo dejados a su suerte para justificar una pronta entrega, lo que está generando protestas y reclamos de trabajadores agremiados en diferentes sindicatos, algo que produjo el pasado 9 de abril el segundo paro general contra las medidas del gobierno.
Diario 4V
Publicado en lanuevacomuna.com