El 24 de marzo es una fecha clave para reflexionar sobre el rol de la participación civil en el golpe de Estado de 1976. En particular, la influencia de las entidades patronales del sector agropecuario -aquellas que históricamente han representado los intereses de los grandes terratenientes- es un aspecto que rara vez recibe suficiente atención. Este conglomerado, conocido genéricamente como «ruralismo», está compuesto por diversas asociaciones distribuidas por regiones. Entre las más destacadas se encuentran Confederaciones de Asociaciones Rurales Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Estas organizaciones representan a la tradicional y poderosa oligarquía terrateniente, estructurada para preservar sus privilegios. En el pasado, la Federación Agraria Argentina (FAA) actuaba como su contraparte, aunque hoy su rol ha cambiado. En la actualidad, los campesinos cuentan con sus propias organizaciones, como el Mocase y Vía Campesina, entre otras.
El ruralismo fue un actor central en la planificación y ejecución del golpe de Estado. Apenas asumido Cámpora, ya se encontraban conspirando, aunque suelen ser recordados principalmente por la icónica imagen de Jorge Zorreguieta (padre de la reina de los Países Bajos) ingresando al predio de la Sociedad Rural en un descapotable junto a Videla, en medio de una ovación. Manifestaciones similares se observaron recientemente en la Expochacra, donde un grupo de productores agropecuarios recibió con entusiasmo a Milei. A pesar de la distancia temporal, los intereses que representan siguen siendo los mismos.
Durante los años ’70, la cuestión agraria estuvo en el centro del debate político. El Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) otorgó un lugar primordial a los asuntos del «campo». En ese contexto, la FAA -que en ese momento estaba alineada con la CGE-, las Ligas Agrarias y los trabajadores rurales conformaban la base que impulsaba el cambio promovido por el peronismo.
La discusión giraba en torno a la baja productividad del sector, el dominio del latifundio y la necesidad de una reforma agraria integral. Para concretar este proyecto, el FREJULI requería de un gran respaldo popular y una concertación política, económica y social significativa. Este enfoque tuvo su máxima expresión en el Pacto Social, un acuerdo de precios, salarios y producción firmado en junio de 1973 por la CGT, la CGE y otras organizaciones, incluidas algunas entidades agrarias. La única excepción fue CARBAP, que se mantuvo en una postura de rechazo. Incluso la Sociedad Rural firmó el acuerdo, aunque más tarde intentó retroceder en su adhesión.
El 25 de octubre de 1972, Perón se reunió con 24 organizaciones agropecuarias y enfatizó la necesidad de industrializar el país y aumentar la producción. En enero de 1973 se establecieron las Bases Programáticas para el Gobierno Justicialista de Reconstrucción Nacional, donde se incluyeron medidas como la Reforma Agraria Integral, la nacionalización del comercio exterior de granos y carnes, y la suspensión de los desalojos rurales, entre otras. La FAA y las Ligas Agrarias apoyaron estas propuestas, mientras que el ruralismo, ¡NO!
En septiembre de 1973, CARBAP rompió relaciones con el Gobierno al negarse a firmar el Acta de Compromiso con el Campo, en oposición a la política de precios máximos. Sin embargo, el conflicto se intensificó en septiembre de 1974, cuando el diario La Nación publicó en su portada el texto íntegro del Anteproyecto de Ley Agraria. Este documento incluía disposiciones que resultaban inaceptables para la oligarquía: reforma agraria integral, definición de unidad económica, pago de impuestos sobre la renta normal potencial de la tierra, respeto por los derechos laborales, protección del suelo y producción con un enfoque de beneficio colectivo. En respuesta, Jorge Aguado (presidente de CARBAP) envió un telegrama al ministro Gelbard exigiendo la renuncia del secretario de Agricultura, a quien acusó de ser comunista.
El Anteproyecto de Ley Agraria representaba un avance significativo, al colocar a los grandes terratenientes en una posición de ciudadanos con deberes fiscales y productivos, en lugar de beneficiarios de privilegios históricos. Sin embargo, la oligarquía se ha resistido sistemáticamente a aceptar que Argentina es un país habitado por diversas personas con derechos iguales. «Una lección que no quieren aprender por más que les expliquemos. Pienso que deberíamos considerar cambiar de pedagogía, ¿no?».
Esa fue la última vez que el campo popular tuvo un espacio real de debate sobre política agraria.
Hacia finales de 1974, CARBAP organizó el Comité de Acción Agropecuaria, una suerte de Mesa de Enlace de la época, pero sin la participación de la FAA. A partir de esa estructura, se implementó un plan sistemático de desestabilización contra el gobierno peronista: asambleas, cortes de ruta, movilizaciones, paros agropecuarios, actos públicos y desabastecimiento de productos esenciales. Esta estrategia de desgaste no se detuvo hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando Jorge Aguado ya se había consolidado como el líder indiscutido del golpismo en el sector agropecuario.
La retórica de la derecha agraria ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo: denuncias contra los gobiernos populares por corrupción y estatismo, reclamos por la libre competencia y el libre comercio, y la advertencia constante sobre la «infiltración comunista». Parece que, para este sector, el tiempo no pasa y la creatividad política escasea. Su discurso resulta impermeable tanto a la razón como al devenir histórico.
Jorge Aguado personifica la conexión entre el aparato cívico-militar y los grupos económicos durante la dictadura, en particular con el grupo Macri. Su trayectoria lo llevó de la dirección de CARBAP a la presidencia de CRA, y más tarde a desempeñarse como secretario de Agricultura de la Nación.
El 16 de marzo de 1981, la revista Time señaló a la dictadura argentina como el régimen más corrupto del mundo en ese momento. Luis Bruschtein escribió en Página/12: “Macri siempre fue contratista del Estado. Las empresas del grupo Macri crecieron como contratista del Estado (…). La familia Macri entró a la dictadura con 7 empresas y salió con más de 40” (23/10/2020). En este contexto de corrupción, resulta difícil pensar que la gestión de Aguado no haya tenido un papel clave en la expansión del imperio empresarial de los Macri.
Tras el retorno de la democracia, Aguado fue recompensado con distintos cargos dentro del entramado empresarial y político afín a los Macri. Fue diputado nacional por la UCeDé, vicepresidente de Socma, miembro del directorio de Correo Argentino y vocero del Grupo Macri hasta su fallecimiento. Las necrológicas reflejan con precisión este vínculo: “En Aguado se sintetiza la figura de alguien que atravesó la dirigencia rural, la política y el mundo empresarial (…) en esa actuación tuvo un fuerte vínculo con la familia Macri”.
Mientras la dictadura eliminaba a las Ligas Agrarias, encarcelaba, torturaba y desaparecía a cientos de agricultores y campesinos, destruyendo sus organizaciones y persiguiendo a sus líderes, los Macri se beneficiaban con contratos de obra pública otorgados por la gestión de Aguado. Todo esto ocurrió en el marco de un régimen identificado como el más corrupto del mundo.
El gremialismo agrario patronal ha sido y sigue siendo un actor clave en la resistencia a los gobiernos populares y en la búsqueda de negocios. Su voracidad y su antidemocracia persisten, con una única obsesión inalterable: el precio de la soja, de los novillos… y que el peronismo en su versión K no gobierne. ¿Y la República? Esa te la debo.
La Nueva Comuna
