Fue la primera sentencia condenatoria para funcionarios políticos no controlar un operativo represivo
El ex secretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y la cúpula de la Policía Federal en aquellos años, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, se convirtieron en los primeros funcionarios públicos de la historia argentina en ser condenados penalmente por las consecuencias de una represión que ordenaron, implementaron y debieron haber controlado. El Tribunal Oral Federal número 6 los halló culpables del “homicidio culposo” de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cinco provocadas por el operativo policial que arrasó las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001, y las “lesiones culposas” provocadas a unas decenas de sobrevivientes tras aquellos sucesos. Las condenas fueron bajas -entre tres y cinco años-, pero fueron reconocidas por los familiares de esas víctimas y sus abogados como históricas. Sin embargo, no fueron todos festejos en la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, ya que los jueces absolvieron a seis de los otros 13 policías acusados en el juicio: la mayoría estaba imputado por el asesinato de Alberto Márquez, quien falleció en la Avenida 9 de Julio de dos tiros en el pecho. A los efectivos sentenciados, los condenaron por “homicidio en agresión”.
Al momento de sus últimas palabras, Santos le dedicó una advertencia al tribunal: “Midan las consecuencias, los violentos y la inseguridad ganaron la calle”. Las primeras condenas no solo contradijeron el deseo del ex titular de la federal, sino que también revirtieron el presagio generalizado: una sentencia condenatoria para ex funcionarios políticos por su responsabilidad en el control de una represión, algo que nunca había pasado en la historia del país. “La condena, cercana a lo que pedíamos, se dio para los cuatro imputados. No hay antecedente similar”, remarcó Rodrigo Borda, abogado del CELS y querellante por los casos de Arena y Lamagna. Ningún funcionario político fue enjuiciado por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, acribillados en una represión en la estación de Avellaneda en junio de 2002; por el asesinato del docente Carlos Fuentealba o por las víctimas fatales del ataque policial tras la toma del Parque Indoamericano, bastante más acá en el tiempo. “Con este fallo queda claro que la Policía no actuó como oveja descarriada de un gobierno que se preocupaba por lo que pasaba en la calles, sino que las muertes fueron las conclusiones de decisiones que ese gobierno tomó”, culminó Borda.
María Arena oyó el fallo desde una punta de la sala. La acompañaron sus hijos, que eran pequeños cuando mataron a su papá, Gastón Riva. Lloraron con ella cuando oyeron las condenas y gritaron “presente” tras cada uno de los cinco apellidos mencionados ayer, cuando la lectura había culminado y los familiares de Márquez y Almirón protestaron las absoluciones de algunos de los imputados. Y, “a pesar de la pena” y de lo resuelto en los casos de Márquez, Almirón y Benedetto, celebró las condenas a la cúpula política. “No creo que alcance ni que termine de reparar y eso lo veo en los ojos de mis hijos, pero es importante que nos vayamos con sus condenas”, destacó. Karina Lamagna recordó aquello y por eso se enojó durante la lectura. “No es lo que esperábamos en cantidad de años, pero se temía lo peor, así que haber llegado a esta instancia, a un juicio con un secretario de gobierno imputado y a partir de hoy condenado es histórico y un pequeño triunfo”, reflexionó más tarde. El “pequeño” lo atribuyó a “lo que falta”: “Falta una condena a De la Rúa, una condena a los policías que fueron absueltos”.
En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento de De la Rúa en la investigación sobre las muertes y los heridos de la represión que él había ordenado horas antes de renunciar a la presidencia. Borda planteó la posibilidad de que la sentencia de ayer permita avanzar en el análisis de la responsabilidad del ex presidente a nivel internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo denunciaron en noviembre pasado.