La Policía Federal de Brasil concluyó una extensa investigación que apunta a los responsables de planear un intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula da Silva, incluyendo un supuesto plan para asesinar al presidente electo. En un documento de 884 páginas, la investigación señala que hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial contra 37 implicados, entre los que destaca Fernando Cerimedo, propietario del portal La Derecha Diario y estratega digital de Javier Milei.
El informe policial también incluye al expresidente Jair Bolsonaro, el primer mandatario brasileño acusado de participar en una conspiración golpista. Los delitos imputados incluyen intento de abolición violenta del orden democrático, golpe de Estado y organización criminal, con penas que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
Además de Bolsonaro, en la lista figuran figuras clave de su gobierno, como los generales Walter Souza Braga Netto y Augusto Heleno, quienes desempeñaron roles de alto nivel en el bolsonarismo.
El rol de Cerimedo en la «Oficina del Odio»
Cerimedo, según la investigación, formó parte de la llamada Oficina del Odio, un grupo dedicado a la difusión de desinformación a través de redes digitales para desacreditar el sistema electoral brasileño. La estrategia buscaba instalar la idea de fraude electoral como justificación para un golpe de Estado.
El documento detalla cómo el grupo utilizó milicias digitales y herramientas multicanal para amplificar estas teorías y movilizar a seguidores hacia cuarteles militares, buscando crear un clima favorable para una intervención militar. Según la Policía Federal, Cerimedo empleó herramientas digitales, como un Google Drive compartido, para distribuir materiales que incluían transmisiones editadas y desinformación masiva.
En respuesta a las acusaciones previas, Cerimedo negó las imputaciones calificándolas de «mentiras» y afirmó estar desvinculado de la causa. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la policía contradicen sus declaraciones.
Proceso judicial en marcha
Tras esta acusación formal, el caso pasa ahora a manos de la Fiscalía General de Brasil, que deberá decidir si avanza con las imputaciones. Fuentes judiciales estiman que las acusaciones podrían formalizarse entre febrero y marzo de 2025, mientras que el fallo de la Corte Suprema se espera para el segundo semestre del mismo año.
El juez Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación desde la Corte Suprema, es una figura clave en el avance del caso. Moraes, conocido por sus enfrentamientos con Jair Bolsonaro y sus aliados, ha sido objeto de campañas de difamación en redes sociales, muchas de las cuales se vinculan a los mismos grupos investigados.
Planes extremos y conmoción en Brasil
La trama golpista incluye detalles alarmantes, como un supuesto plan de militares para asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin mediante métodos como envenenamiento. El objetivo era instaurar un régimen de excepción liderado por Bolsonaro, quien firmaría un decreto estableciendo el «Estado de Defensa» bajo el operativo conocido como «Puñal Verde y Amarillo».
La investigación revela una red de conspiración que involucra tanto a civiles como a militares, con amplias repercusiones en la política brasileña y el panorama internacional. La causa sigue generando titulares y podría marcar un precedente histórico en la lucha contra los intentos de desestabilización democrática en la región.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
