Una medida judicial colectiva ampara a magistrados y funcionarios, protegiendo intereses corporativos. No ayuda a la credibilidad del Poder Judicial.
La provincia de Buenos Aires se encuentra en medio de una situación delicada que involucra al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el cuerpo de magistrados y funcionarios judiciales, y las empresas médicas privadas. El Juez Carlos Herrera de Necochea hizo lugar a una polémica medida de amparo solicitado por un grupo de jueces de Mar del Plata: el fallo beneficia a los jueces a que no se le efectúen descuentos en sus salarios hasta que IOMA no regularice sus servicios.
Increíble: ¿qué pasaría si todos los trabajadores afiliados al IOMA hace lo mismo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica este fallo?
Devaluación y estampida de precios
El conflicto se inició en Mar del Plata luego de la brutal devaluación de diciembre de 2023 y la estampida de precios incesante en un rubro donde inciden mucho los insumos importados. A partir de ese momento, algunas empresas privadas de salud marplatenses se negaron a prestar servicios a los afiliados de la obra social por el obvio desfasaje económico. A todo esto, el Colegio de Magistrados de Gral. Pueyrredón a entender de muchos, hizo una de más: para exponer una problemática gremial, presentó una medida cautelar en la Justicia.
“No lo planteamos como amparo colectivo sino para un listado de funcionarios que están en el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, explicaron los responsables de esta medida cautelar que se presentó como acción individual para la institución pero que el juez necochense ingresó como amparo colectivo.
En una conferencia de prensa realizada a mediados de abril, desde la entidad que motorizó la medida cautelar recordaron que se recurre a la justicia porque son muchos los asociados que no tienen las prestaciones que demandan de IOMA. Pero agregan un dato incómodo: aluden a que IOMA no le brinda a los Jueces variedad de instituciones de salud como en estándar de calidad de los servicios, un claro criterio elitista.
El fallo de Herrera
El Juez Carlos Herrera fue designado por la Suprema Corte provincial para dirimir en forma urgente en este tema. Es así, que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 emitió este martes 30 de abril el fallo que beneficia (en principio) a 145 integrantes del Colegio de Magistrados marplatense aunque podría hacerse extensivo hacia otros ámbitos del resto del Poder Judicial.
La cautelar del juez necochense suspende el descuento mensual de entre el 4.5% y el 6.5% que se les realiza a los Jueces por IOMA, hasta que se vuelva a brindar el servicio en las clínicas nucleadas en Fecliba, que permanece sin atención médica para los afiliados desde el 22 de diciembre del año pasado. Concretamente, los magistrados reclaman atenderse en las clínicas Pueyrredón, Colón y 25 de Mayo, las que suspendieron en diciembre pasado el convenio con IOMA por diferencias en condiciones de pago.
«Mientras dure el periodo de recuperación plena del servicio brindado por IOMA, los integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios requiere un detraimiento extra de sus ingresos para satisfacer aquellas medidas necesarias para paliar los gastos necesarios para la atención médica, cuyo compromiso y obligación correspondería prima facie a la demandada de autos», explica el texto judicial.
La medida cautelar beneficia a 145 asociados al Colegio de Magistrados que a partir de sus próximas liquidaciones de haberes conservarán para sí el 50% de su contribución habitual a la obra social.
Vale aclarar que IOMA ofrece a sus afiliados otras alternativas en la ciudad, lo que fue rechazado por los jueces por los criterios ya expuestos.
Vía judicial para un reclamo gremial
Esta medida judicial se suma a una serie de eventos que han puesto en tela de juicio los conceptos de credibilidad, equidad y eficacia del sistema de justicia provincial, algo que es clave y es necesario reforzar en cada pronunciamiento. ¿O no?
Los magistrados y funcionarios, amparados por esta decisión protegen sus intereses corporativos utilizando las herramientas que tienen a mano, la vía judicial, incluso para un reclamo gremial.
Otra cosa: no debe obviarse que los funcionarios judiciales de alta jerarquía también disfrutan de la exención del Impuesto a las Ganancias, un beneficio que sigue vigente desde anteriores legislaciones y que no está incluída en la flamante Ley de Bases votada ayer en Diputados. ¿Si esta no es la CASTA, la CASTA donde está?
También hay un juego político
La crisis financiera y económica que atraviesa la Argentina ha agravado este y otros muchos conflictos. Las medidas gubernamentales del gobierno de Javier Milei ha desorganizado la vida de los argentinos y ha impactado en las finanzas a todo nivel, desde lo gubernamental hasta lo personal. En este contexto, las empresas de salud han sido acusadas de aprovechar el caos para presionar y obtener ventajas, poniendo en riesgo la estabilidad del IOMA y, por ende, la salud de los bonaerenses.
Detrás de estas tensiones, se percibe también un juego político en el que distintos actores buscan desestabilizar al IOMA y, por extensión, limar al gobierno provincial de Axel Kicillof.
Está claro que la normalización de la relación entre IOMA y las empresas médicas es imperativa, pero es llamativo que los Jueces emitan medidas judiciales en lugar de medidas gremiales. Los fallos a medida y que parecen favorecer intereses particulares sobre el bien común no ayudan a la credibilidad del Poder Judicial ante la sociedad.
Se requiere una solución equitativa que garantice la cobertura médica para todos los afiliados y que se aborden las disparidades sistémicas que han salido a la luz en este conflicto.
Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM
