“Es incomprensible que esto no haya tenido cauce en la Justicia Provincial”
En diálogo con los periodistas Miguel Abálsamo y Alejandro Beltrán durante el matutino de la FM 93.5, “La Mañana de la Radio”, el doctor Eduardo Barcesat, uno de los abogados constitucionalistas a cargo de la causa de Horacio Tellechea, dio explicaciones sobre el reciente pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la denuncia presentada por el intendente destituido ante dicho organismo.
El profesor Tellechea había presentado ante la Comisión “una denuncia por privación de jurisdicción idónea y eficaz, que es una de las garantías que establece la Convención Americana de DDHH”, detalló el abogado, y declaró que el organismo internacional resolvió darle admisibilidad a la misma.
La carátula tiene que ver con el hecho de que “en la Justicia Provincial no se le había dado tratamiento alguno a la denuncia respecto de la inhabilidad de dos de los actores integrantes del Concejo Deliberante, la cual deriva de ocupar cargos importantes en empresas que tienen contratos con la Municipalidad de Necochea e incluso acciones litigiosas respecto del Municipio”, explicó.
“Es incomprensible que esto no haya tenido cauce en la Justicia Provincial”, afirmó, denunciando además que “por malas influencias políticas” la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires optó por “estaquear la causa judicial sin ningún tipo de pronunciamiento, dejando que el tiempo opere a favor de una eventual prescripción”.
De esta manera, y luego de la admisión de la denuncia por parte de la Comisión Interamericana de DDHH, “la Nación va a tener que responder por qué la Justicia Provincial no ha dado curso a la misma”.
Barcesat indicó además que esta es una “situación paradojal”, dado que “el gobierno nacional no ha tenido nada que ver y sin embargo tiene que responder por el incumplimiento que abarca tanto la conducta de los integrantes del Concejo como la del Poder Judicial Provincial”.
Asimismo, detalló que “la Cancillería es el organismo que tiene que dar una respuesta en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” en un plazo estimativo de “entre 60 y 90 días”.
En este sentido el doctor aclaró que “es muy difícil que el Estado Nacional incumpla en asistir a las audiencias, dar una respuesta y cumplir con la resolución que dicte la Comisión”, aunque, dado el caso, “la Comisión tiene la potestad de juzgar y sancionar al Estado”.
“Yo no creo que por un tema así la Argentina se deje sancionar”, aseguró el abogado, quien además manifestó que en el caso de no encontrarse una solución la causa sería derivada a la Corte Interamericana de DDHH que posee la potestad de emitir pronunciamiento.
Finalmente, Barcesat aseguró que la admisibilidad de la denuncia por parte del organismo internacional representa “un argumento importantísimo para el curso de acción que tendrá el recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Todo esto crea un cuadro de fortalecimiento del reclamo judicial de Tellechea y deplora las instituciones locales, tanto en lo administrativo como en lo judicial, porque son las que han dado lugar a este entuerto”, expresó.
“Es realmente una vergüenza porque provocaron una responsabilización internacional a la Nación argentina”, indicó el doctor con indignación ante la falta de responsabilidad política e institucional de las autoridades locales y provinciales.
