Caso Melisa: Mercedes Fernandez convirtió su dolor en lucha
El barrio y las organizaciones sociales que acompañan a Mercedes Fernández, la mamá de Melisa, quien recientemente participó del ENM N° 31 continúan exigiendo justicia. En la causa contra los funcionarios públicos ni siquiera se ha llamado a indagatorias. En la causa legal se intentó reducir la condena para los Cañada.
“Cuando el sistema judicial usa de los ardides burocráticos para demorar las causas, lo único que nos queda es denunciar y hacer que se conozcan y difundan estos casos” cuenta Mónica Conesa quien estuvo junto a Mercedes en los talleres de Mujeres e impunidad,el pasado finde semana en El Encuentro Nacional de Mujeres.
Además agregó “Se logró incorporar el reclamo Justicia por Melisa en las conclusiones de los talleres de problemáticas medioambientales y esto nos parece un avance muy importante”. Mercedes ha convertido su dolor en lucha. Junto a las otras madres, seguirán haciendo valer sus reclamos para que no nos sigan matando.
El 13 de septiembre pasado, se colocó en las inmediaciones de la casa donde vivía Melisa, un mural realizado por un grupo de artistas plásticos de la ciudad, entre los que se encuentran Javier Campos, Marilyn Maidana, Carlos Segovia, Sebastián Serqueira entre otros.
Memoria de un asesinato impune
Melisa Nuñez fue a cursar al ISFD N°31 y volvió temprano a su casa, aprovecho para dormir una siesta antes de la cena, pero nunca llego a despertarse.
Melisa murió por inhalar una sustancia toxica derivada del derrame de un producto químico, fosfuro de aluminio, cuyo nombre de fantasía era Phostoxin. Esta sustancia se encontraba guardada en un deposito Ilegal ubicado en el fondo de una casa vecina cuyos dueños Los hermano Cañada, desde hace ocho años manejaban la empresa Shipinsuarence SA, dedicada a fumigar las bodegas de los barcos, camiones, acoplados y silos en los que se almacena el cereal.
Aquella noche previa, había llovido, se humedeció las mangas de Phostoxin (nombre comercial del fosfuro de aluminio) y provocó la liberación del gas fosfina. Cuando el dueño de la empresa Fernando Cañadas quiso reparar el desastre, la empeoro. Como quien quiere deshacerse de la evidencia de su propia ilegalidad, mando los desechos tóxicos por el desagüe cloacal, eso que entra en contacto con el agua y contamina a todo un barrio, en donde saltan tapas y atemorizan por el estruendo, es lo que horas más tarde inhaló Melisa y la llevo a la muerte.
Tanto los Cañada como los funcionarios públicos que actuaron esa noche en el procedimiento, y los posteriores días, donde ser realizó marchas para reclamar justicia, hoy día siguen libres.
La causa de Melisa se cajonea constantemente, a la familia se le negó audiencia con los fiscales en el abril pasado, al cumplirse un año del siniestro episodio. Todo indica a pensar que están comprando el silencio. Que la complicidad judicial con el sistema ejecutivo local es preocupante.
Eduardo Caballero, el abogado que representa a algunos vecinos del barrio portuario que fueron intoxicados aquella noche, sostiene que la responsabilidad de los funcionarios públicos por la muerte de la joven correntina es ineludible, pero todo da a pensar que el miedo por quedarse sin trabajo, o perder los privilegios de ser amigo del dueño del pueblo, confirman el accionar de las mafias del agronegocio. Por su parte Gustavo Raggio, el abogado de familia de Melisa, aun espera en su despacho, que se apruebe el cambio de caratula por “dolo eventual”.
La fiscal Silvia Gabriele no tiene dudas sobre las responsabilidades: Ese derrame se produjo por el proceder indevido de Fernando Cañada y el hermano, que son los que también lavan el material toxico hacia el desague. Ante tanta impunidad, no es difícil relacionar la invisibilidad que lleva este caso a mas de un año y medio sin resolverse, con las fuertes influencias dentro del sector político local que Cañada posee como representante legal del partido FE.
Respecto a la causa Judicial, El Juez Subrogante Aldo Raw cambió la caratula inicial por la figura culposa, basándose en la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, cuyas penas van desde dos meses a dos años de prisión. Por lo que es evidente que se estaría intentando reducir la condena, pero allegados a la familia de la victima declaran que la causa quedará finalmente caratulada como “Homicidio Doloso” y que aun no se confirma en qué grado. Esta pena oscila entre ocho a veinte cinco años de prisión.
NDEN
