El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su descontento en redes sociales por el alto costo del servicio de telefonía celular y llamó a «defenderse como consumidores» ante los aumentos mensuales de las compañías del sector. Sin embargo, fue el propio Gobierno el que flexibilizó las regulaciones que buscaban limitar estos incrementos por parte de las empresas de telecomunicaciones. Desde la eliminación de estos controles, el precio del servicio ha subido 60 puntos más que la inflación promedio.
Caputo, en su cuenta de X, respondió a un usuario que cuestionaba por qué las empresas de telefonía celular “suben sus tarifas mensualmente, superando la inflación”. En su comentario, el ministro resaltó que “son decisiones de empresas privadas” y defendió la política de precios libres para los planes, al tiempo que sugirió que los consumidores tienen un rol clave en frenar los aumentos mediante sus decisiones de compra.
Como ejemplo, el ministro mencionó su caso personal: “Tengo Claro en telefonía y estoy buscando alternativas. Me ofrecieron un descuento, pero aun así siento que pago demasiado”. A septiembre, la inflación acumulada fue del 101,6%, mientras que el índice para Comunicaciones alcanzó el 163,1%.
El Centro de Estudios Mariano Moreno realizó un estudio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas aledañas. A la pregunta de si habían cancelado o modificado algún servicio en los últimos meses debido a la imposibilidad de afrontarlo, un 74,68% de los encuestados respondió que sí. En los sectores medios, los servicios de entretenimiento fueron los primeros en ajustarse (40,35%), mientras que en sectores populares, el servicio de internet fue el más afectado (37,2%).
El impacto de la desregulación en las tarifas
En abril, el gobierno de Javier Milei emitió un decreto que eliminó los controles de precios para la telefonía celular, internet y cable, modificando la Ley Argentina Digital N°27.078. Desde entonces, los proveedores de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden fijar sus precios sin ninguna supervisión regulatoria.
Esta ley, establecida en 2014, declaraba de interés público el desarrollo de tecnologías y recursos de telecomunicaciones, garantizando una red neutral y estableciendo precios “justos y razonables” para los servicios de TIC. Sin embargo, el nuevo decreto eliminó el artículo que permitía a la autoridad regular precios en casos de interés público, dejando a las empresas con total libertad para ajustar sus tarifas.
Más adelante, en junio, el Gobierno retiró el estatus de “servicios públicos, esenciales y estratégicos” de las telecomunicaciones, eliminando los topes de incremento del 5% al 10% mensual, previamente establecidos. Así, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) anuló diversas normativas de control de precios en servicios de internet, telefonía móvil y televisión, lo que ha permitido que los costos se incrementen sin restricciones.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
