Cámara Electoral en guerra: se quedó sin escrutinio provisorio
• GOBIERNO ENTREGÓ PROCESO PARA LAS PASO Y LAS GENERALES A LA ESPAÑOLA INDRA POR U$S 25 MILLONES
Malestar por acuerdo roto tras haber pactado con Ejecutivo que recuento del cierre de comicios iba a estar a cargo de Justicia electoral. Analizan respuesta al desaire.
Con la campaña a las legislativas ya lanzada, la Justicia electoral es un hervidero. La Cámara Nacional Electoral (CNE) -máximo tribunal de contralor legal de los comicios- masculla bronca contra el Gobierno nacional, que volvió a delegar el recuento provisorio de los votos en una empresa privada. Tras el anuncio oficial de que la española INDRA volverá -tal como ocurre desde 1997- a encargarse del resultado que se conocerá pocas horas después del cierre de las urnas, esos tribunales interpretaron la decisión como un nuevo desaire de la Casa Rosada que va en sentido contrario al pronunciamiento enfatizado por la propia CNE en una acordada de enero pasado. Por estas horas, y con reuniones de acuerdo hoy y el jueves, se analizan los pasos a seguir para expresar el malestar con la «privatización» del recuento, algo que los jueces habían reclamado para sí, tras el naufragio de la reforma electoral. El mensaje crítico podría bajar en formato de cuestionamiento a la precariedad institucional en la cual se encuentran varios juzgados con competencia electoral, pero también acerca de los vacíos que el proceso ofrece en materia de transparencia y sobre los que la CNE ya había hecho observaciones para que se subsanen.
La molestia de los magistrados no sólo se apoyó en la nueva contratación privada -en rigor, más económica que en la presidencial de 2015- que el Ministerio del Interior logró por u$s25 millones, a través de una licitación del Correo Argentino. Ese precio será por contabilizar los resultados de las PASO y las generales de octubre. Sino que lo que finalmente resolvió el Ejecutivo desanda el camino que la CNE había tabicado a través de la acordada extraordinaria AE 003-17. Allí, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía establecieron parámetros que indirectamente permitían que se delegue en las autoridades judiciales la modalidad de conteo y difusión de resultados, dado que esos telegramas suelen ser objetados judicialmente cuando existen controversias también en el escrutinio provisorio, pese a que no tiene relevancia legal y solo es a fines informativos. «En materia de procesamiento y difusión de conteos de tipo provisorio, los estándares internacionales recomiendan que si los resultados han de ser anunciados antes de la certificación final, el marco legal ha de regular claramente la forma de llevar a cabo tales anuncios», alertaron, en una forma indirecta de adjudicarse parte de un acuerdo que contenía que la Justicia electoral de cada distrito tendría a su cargo la fiscalización de ese procedimiento.
«Ha sido práctica histórica, por razones de costumbre, que la ejecución del conteo provisional la asuma el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda -a través de la contratación de una empresa privada- sin participación alguna de la Justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos», se quejaron a comienzos de año. La decisión oficial sorprendió: según habían propuesto, la solución de escaneo directo de los telegramas en los lugares de votación costaría aproximadamente un 5% de la erogación total a un privado, solución que debía implementar logísticamente el Correo Argentino.
En ese documento, sentenciaron que «la Cámara debía adoptar una serie de previsiones para fortalecer la fiscalización, integridad y transparencia del proceso electoral que incluye la difusión de los resultados provisionales». Esas medidas estaban englobadas bajo las premisas de «recolección, digitalización, transmisión, totalización y difusión de los escrutinios de mesa», con intenciones de abreviar el tiempo de transmisión de los datos (a través de escaneo en el propio establecimiento de votación), para lograr una carga más amplia homogénea y representativa del resultado de la elección. La meta sería sobre la base de la trascendencia de ese resultado provisorio, asegurar a las agrupaciones políticas una mayor amplitud en su fiscalización.
Corcuera y Dalla Vía, ya en plena carrera por los preparativos previos a los comicios, tendrán reunión de acuerdos hoy y pasado mañana, donde deberán despejar otros interrogantes operativos. Un eventual pronunciamiento sobre la ausencia de esos «recaudos» de transparencia también sería una vía para expresar el descontento por el desaire.
GABRIEL MORINI
AMBITO