Como ya detalló La Izquierda Diario en abril, cuando Patricia Bullrich presentó una serie de propuestas en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei pretende legalizar varias políticas para intensificar el control policial sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y reprimir las protestas en medio de la grave crisis económica y social que enfrenta el país, agravada por el mismo programa implementado por La Libertad Avanza.
Mediante cuatro iniciativas que buscan transformarse en leyes, el Ejecutivo se enfoca en ampliar las categorías penales y aumentar las penas de prisión, en el marco de lo que la administración libertaria denomina “lucha contra el crimen organizado”. Un enfoque punitivo reforzado que, especialmente en América Latina, ha fracasado en repetidas ocasiones, profundizando la criminalización de la clase trabajadora y los sectores populares, con altos niveles de violencia, muertes e incluso desapariciones ejecutadas por el Estado.
Reprimir y fracasar, dos acciones que Bullrich parece dominar más que las necesidades básicas de cualquier persona. Con esta visión ideológica, el Gobierno espera que este martes la Cámara de Diputados dé media sanción a uno de esos proyectos, presentado bajo el peculiar nombre de “antimafias”, que a principios de agosto obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior tras ser discutido en tres reuniones. El texto original está firmado por Milei, Bullrich, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el exjefe de Gabinete Nicolás Posee.
En términos simples, según la propuesta, tendrían la misma responsabilidad dentro de una “organización criminal” tanto el empresario que vive en un barrio privado y lava los millones de dólares obtenidos ilegalmente, como el joven que hace de “campana” en la esquina de un búnker a cambio de una pequeña paga. A la vez, se otorgan más facultades a fuerzas como Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal para “investigar”, fuerzas que están profundamente vinculadas a grandes delitos.
El proyecto es tan represivo que, en una misma “asociación ilícita”, podrían estar el empresario del country, el “soldadito”, un cultivador de cannabis medicinal y una jubilada que use el aceite producido por ese cultivador. Todo bajo la excusa de “combatir a narcos y mafiosos”, quienes, paradójicamente, suelen estar protegidos por el mismo Estado.
Junto a otras propuestas sobre “reincidencia y reiterancia” –que ya cuentan con dictamen de comisiones–, “legítima defensa” para civiles y fuerzas de seguridad, ampliación de la impunidad para policías que aplican el gatillo fácil y otras cuestiones; la ley “antimafia” ha sido duramente cuestionada en las reuniones de comisiones por académicos, fiscales, defensores públicos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión estatal. Solo unos pocos expositores, vinculados a los libertarios o a gobernadores que apoyan políticas de mano dura, defendieron la propuesta.
El Frente de Izquierda Unidad y Unión por la Patria se opusieron a que el proyecto avanzara. No obstante, el minoritario bloque de La Libertad Avanza consiguió el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y del sector liderado por Pichetto, logrando una mayoría circunstancial para emitir dictamen favorable y elevar el proyecto al recinto.
Este martes, en una sesión especial, si el oficialismo y la oposición colaboracionista consiguen los votos suficientes, el proyecto podría recibir media sanción.
En las últimas horas, el sociólogo, docente universitario y diputado del PTS-Frente de Izquierda Christian Castillo volvió a advertir sobre el peligro que representa para la clase trabajadora la posible aprobación de estos proyectos, resumiendo su postura en una serie de publicaciones en la red X.
Para Castillo, “es gravísimo lo que Bullrich busca aprobar en Diputados. El mismo gobierno que facilita el lavado de dinero impulsa una ley que, bajo el pretexto de combatir el ‘crimen organizado’, crea un marco jurídico que permitirá perseguir como ‘organización criminal’ a cualquiera que el gobierno decida, incluyendo un aumento en la represión a la protesta social”.
“Es una ley extraña que nunca define qué es una ‘organización criminal’, dejándolo abierto para perseguir a quien se desee: sindicatos, partidos políticos, jubilados que protestan, entre otros”, continuó Castillo. Y dio un ejemplo: “Con esta ley, los 33 manifestantes detenidos el 12 de junio y luego liberados por la jueza Servini podrían haber sido acusados de formar parte de una ‘organización criminal’, y así habilitar cualquier tipo de abuso por parte del Estado”.
El diputado del PTS-FITU explicó que “la ley establece penas de 8 a 20 años, incluso para quienes no hayan cometido delito alguno, pero formen parte de la organización señalada como criminal. Además, otorga al fiscal federal y al Ministerio de Seguridad la facultad de declarar zonas especiales con detenciones de hasta 15 días prorrogables otros 15, lo que implicaría una intervención federal de facto y allanamientos sin orden judicial”.
“En resumen, esta ley es una aberración inconstitucional que se utilizará sin duda para criminalizar la protesta social, porque, como ya han dejado claro, el ajuste no se implementa sin represión”, concluyó Castillo.
En mayo, antes de dejar su banca como parte de los acuerdos del Frente de Izquierda, Myriam Bregman ya había advertido sobre estos proyectos en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. Su denuncia tuvo gran repercusión en medios y entre personalidades de la política, la cultura y los derechos humanos.
Bregman afirmaba que “decir que combaten el crimen organizado con esto es pura demagogia”, ya que los proyectos “crean una especie de Gran Hermano bajo control de Bullrich, prácticamente un estado de sitio”.
Incluso, en una de las reuniones de comisiones, Bregman interpeló al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien colabora con el gobierno en la lucha contra el narcotráfico en su provincia. Bregman le preguntó a Pullaro: “¿Por qué no se habla de los puertos desde donde salen los cargamentos de droga?”, refiriéndose al aumento del tráfico desde esos puertos privatizados.
Como ya se ha señalado desde La Izquierda Diario, Milei y sus aliados buscan legalizar la represión indiscriminada. La fachada de combatir la “criminalidad organizada” no puede ocultar el objetivo de controlar y reprimir a una población cada vez más empobrecida y frustrada.
Con información de La Izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com