El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires removió de sus cargos y presentó denuncias penales contra 18 agentes de la Policía bonaerense que intentaron llevar adelante un reclamo salarial en los últimos días. Además de ser desafectados, fueron imputados por el delito de sedición.
Según lo estipula la Constitución, los miembros de las fuerzas de seguridad no pueden realizar manifestaciones en demanda de aumentos salariales. En el caso de la Policía de la provincia, las mejoras en los haberes dependen de las negociaciones paritarias del sector estatal. La semana pasada, el gobierno de Axel Kicillof acordó con los sindicatos estatales y docentes un incremento del 9%, distribuido en dos tramos: un 7% en febrero y un 2% en marzo.
“Los expulsamos de la fuerza y los denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Esto se aplicará a cualquiera que convoque o participe en una sublevación. La Policía sabe que no puede actuar de esta manera y va en contra de la Constitución”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, dirigido por Javier Alonso, en diálogo con Infobae.
El aumento salarial anunciado también contempla mejoras en la asignación por uniforme y en el pago del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que trabajan en sus días de descanso.
Los reclamos dentro de la fuerza no son una novedad y suelen organizarse a través de redes sociales. Sin embargo, desde el entorno del ministro Alonso minimizaron la relevancia de las últimas convocatorias: “El mismo perfil de Facebook llamó a una movilización el 6 de febrero y no pasó nada”.
En estos espacios circula un petitorio con 13 exigencias, entre ellas un incremento del 100% en el salario básico, mejoras en la cobertura médica de IOMA, convenios con clínicas privadas y la garantía de que los agentes sean destinados a trabajar dentro de un radio de 50 kilómetros de sus hogares. También solicitan que no haya sanciones para quienes participen en las protestas.
El antecedente más significativo de este tipo de manifestaciones ocurrió en septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando cerca de 1.200 policías se plegaron a una protesta que llegó hasta la residencia del gobernador en La Plata y la Quinta de Olivos. En esa ocasión, el gobierno nacional creó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, lo que permitió otorgar aumentos salariales.
“Cuando detectamos que un policía está fuera de la ley, lo echamos. De la protesta de 2020 fueron expulsados los 1.200 efectivos que participaron”, remarcaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.
En comparación, el último incremento otorgado a la Policía de la provincia es superior al ajuste dispuesto por el gobierno nacional para las fuerzas de seguridad federales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un aumento del 5% en los sueldos básicos y en sumas especiales para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas. Además, dispuso la equiparación de los haberes del Servicio Penitenciario Federal con los del resto de las fuerzas nacionales, tras detectar “diferencias arbitrarias” en las remuneraciones de ese sector.
La Nueva Comuna
