Con una fuerte puesta en escena y sin pasar por el Congreso, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que, según advierten especialistas, mantiene intactas muchas de las prácticas cuestionadas históricamente: detenciones arbitrarias, escaso control institucional y una estructura operativa sin mayores modificaciones.
El decreto presidencial —amparado en las facultades delegadas por la Ley Bases— derogó la antigua Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958. Según la presentación oficial, el objetivo es redefinir a la fuerza como un organismo orientado a la investigación de delitos complejos y la protección de la seguridad del Estado. La ministra Patricia Bullrich y el propio Milei encabezaron el anuncio, cargado de gestos simbólicos y declaraciones de tono ideológico. “Los buenos son los de azul”, insistió el presidente.
Uno de los ejes del cambio es la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), presentado como el “corazón de esta nueva PFA”, en palabras de Bullrich. Según la versión oficial, el DFI será el eje central del nuevo diseño institucional, inspirado en el modelo del FBI estadounidense. El presidente no ocultó el alineamiento geopolítico: “Vamos a aprender de los mejores. Vamos a aprender de Estados Unidos. Vamos a aprender de Israel”, dijo en el acto realizado en la sede de la Policía Montada, rodeado de funcionarios, jueces y dirigentes del oficialismo.
De acuerdo con el decreto 383, la nueva estructura estará dividida en dos grandes áreas: el DFI y el Departamento Federal de Coordinación. El primero contará con seis superintendencias que abarcarán desde inteligencia criminal hasta narcotráfico, operativos especiales y tareas de protección civil. La Dirección General de Inteligencia Criminal, heredera del polémico Cuerpo de Informaciones, dependerá de esta estructura. Detrás de ese cuerpo se encuentran antecedentes tan sensibles como los de José “Iosi” Pérez o Américo Balbuena, infiltrados en organizaciones civiles.
Para Marcelo Saín, exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la reforma no resuelve los problemas estructurales de la fuerza. “Hay una macrocefalia pensada para contener a todos los comisarios sin generar internas. La cúpula de la PFA tiene más jefes que el ejército de EE.UU.”, ironiza. La fuerza, estima, tiene hoy unos 32.000 efectivos.
Desde el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) también expresaron reparos: “La reforma conserva la lógica operativa previa y presenta errores técnicos que revelan un alto grado de improvisación”. Una de las críticas más claras es que la PFA sigue teniendo funciones de patrullaje preventivo y custodia, propias de una policía tradicional y no de una agencia especializada en investigaciones.
Facultades ampliadas sin debate parlamentario
La principal objeción desde organismos de derechos humanos y espacios académicos apunta a que el decreto amplía facultades policiales sin pasar por el filtro legislativo. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) alertó sobre el riesgo de que la reforma habilite una persecución discrecional de organizaciones sociales, protestas, y actividades digitales críticas. “Se presenta como una reorientación hacia delitos federales, pero lo que vemos es una extensión de tareas de inteligencia y espionaje digital sin controles”, explicó Victoria Darraidou, especialista del CELS.
Uno de los puntos más cuestionados es la permanencia de la detención por averiguación de identidad hasta por diez horas, una facultad incorporada en 1991 y señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una práctica violatoria de derechos, tras el caso Walter Bulacio, joven de 17 años detenido por la PFA y muerto por golpizas dentro de una comisaría.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic, que impulsó un intento de reforma más integral durante su gestión, señaló: “El decreto es ambiguo y deja demasiados márgenes para arbitrariedades”. A esto se suma la habilitación de requisas sin orden judicial en la vía pública y en operativos de prevención, medida que, aunque no es nueva, volvió a encender alertas al publicarse justo antes de una marcha opositora vinculada a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
El dirigente de ATE Capital, Daniel Catalano, presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo para impedir detenciones arbitrarias durante esa movilización, denunciando que las nuevas facultades pueden vulnerar el derecho a la protesta, la integridad física y la libertad de circulación.
Ciberpatrullaje e inteligencia sin control
Otro foco de preocupación es el ciberpatrullaje habilitado por la resolución ministerial del año pasado, que ahora se profundiza con el nuevo decreto. La PFA puede recolectar información en redes sociales, acceder a bases públicas y solicitar acceso a bases privadas sin control judicial explícito. Desde el CELS recuerdan que la Corte IDH ya falló contra estos métodos en el caso del colectivo de abogados CAJAR en Colombia, afirmando que la inteligencia debe tener límites precisos y fines justificados.
“El problema no es solo lo que se permite, sino la falta de estándares claros. No hay protocolos. Y el poder judicial suele convalidar este accionar sin reparos”, sostuvo Claudio Pandolfi, docente de la UNLa especializado en legislación de seguridad.
La organización Correpi también encendió alarmas: “La policía puede reunir pruebas por iniciativa propia y recién después presentarlas al Ministerio Público. En lugar de que la justicia determine qué investigar, es la fuerza la que decide a quién, cómo y cuándo”, señalaron.
En resumen, más allá del maquillaje institucional y las referencias a modelos extranjeros, expertos y organismos advierten que la reforma de la PFA no representa un cambio real en las prácticas de fondo, y que, sin control democrático ni debate parlamentario, los riesgos de abuso siguen latentes y profundizados.
La Nueva Comuna