Un intendente destituido por «grandes perjuicios al erario público»
El caso de la investigación al intendente de Necochea Horacio Tellechea ya tiene antecedentes en la provincia. Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2006. Allí, el ex intendente Rodolfo Lópes fue suspendido y luego destituido por el Honorable Concejo Deliberante bahiense, en una investigación llevada adelante por una Comisión Investigadora conformada al efecto. En lugar de Lópes, asumió el entonces concejal Christian Breitenstein (sciolista) como jefe comunal, cargo que luego de un tiempo dejó para asumir al frente del Ministerio de la Producción de la provincia.
El caso no concluyó allí: el caso Lópes fue llevado a los estrados judiciales y hoy en día continúa bajo la mirada de la justicia en torno a presuntas irregularidades con fondos públicos en el municipio, una causa conocida como el «Bahíagate».
La crónica de la época es muy profusa y da cuenta de varias similitudes con lo que está ocurriendo en el distrito de Necochea. Así lo reflejaba el sitio web www.26noticias.com.ar :
El Concejo Deliberante destituyó al intendente de Bahía Blanca
El intendente Rodolfo Lopes (Frente para la Victoria) fue destituido por amplia mayoría por el Concejo Deliberante, con el argumento de que «cometió faltas graves» en el desempeño de su función.
De esta manera, el jefe comunal se convirtió en el primer jefe comunal de esta localidad que es separado de su cargo por una Comisión Investigadora.
Ahora, su mandato deberá ser completado por el dirigente justicialista Christian Breitenstein, quien lo reemplazó cuando fue suspendido por los ediles hace 90 días.
El jefe comunal fue destituído con el voto mayoritario de 18 concejales, contra 6 que se pronunciaron por la negativa, durante una sesión especial que realizó esta tarde el Concejo Deliberante local, en la que se trató como único punto del día su destitución del cargo.
Rodolfo Lopes, quien se hallaba suspendido por 90 días por el por el Concejo Deliberante, que aceptó la recomendación de una Comisión Investigadora del cuerpo deliberativo, se convirtió así en el primer intendente bahiense destituído por ese cuerpo deliberativo.
El ahora ex intendente bahiense, es además investigado por la justicia en torno a presuntas irregularidades con fondos públicos en el municipio, una causa conocida como «el bahíagate».
La decisión por mayoría del órgano legislativo se tomó en base a las acusaciones de la Comisión Investigadora -conformada en el seno del Concejo Deliberante-, que encontró responsable a Lopes de «mal desempeño de sus funciones al frente del Ejecutivo Municipal»
Al iniciarse la sesión, se dio lectura a los siete cargos contra el intendente Rodolfo Lopes -elaborados por la Comisión Investigadora-, entre los cuales figuran: «Irregularidades en las contrataciones administrativas», consistentes en «violación a los límites cuantitativos a la Ley Orgánica Municipal y a la modalidades de selección del contratante».
También «el indebido fraccionamiento de las obras viales, compra de tosca tipo suelo, el pliego licitatorio de la Terminal de àmnibus y las contrataciones con la firma Ediba
Además, «el empleo indebido de bienes del patrimonio municipal» como «la cesión del automóvil oficial al intendente (del partido de la Costa) De Jesús; irregularidades en la asignación de telefonía celular; irregularidades en el otorgamiento de planes de empleo, y reparto de alimentos en el ámbito de la secretaría de Desarrollo Social».
También se lo acusó al intendente Lopes de cometer «irregularidades en el otorgamiento de planes de Empleo y en la contratación del personal (contrataciones fuera de los alcances de la Ley 11757, e incorporación de personal ïin extremisï».
Asimismo la Comisión Investigadora del Concejo encontró responsable al jefe comunal de haber cometido «Irregularidades en la utilización de carne decomisada» y en la ejecución de la Ordenanza 12.633″, consistente en «la planificación de las obras a ejecutar; afectación de los fondos contrario a la Ordenanza; el rechazo de la rendición de Cuentas del Concejo Deliberante, e ineficiencia en la gestión de dineros públicos».
Tras darse lectura a los cargos contra el Jefe comunal, se le cedió la palabra a los ediles de los distintos bloques que conforman el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
El presidente del bloque de concejales de la UCR, Carlos Ocaña, dijo que la conducta del intendente Rodolfo Lopes «tiene la suficiente gravedad institucional» como para que no continúe al frente del municipio y puso de manifiesto que las «graves transgresiones a las normativas jurídicas» cometidas por el intendente causó «grandes perjuicios al erario público».
Por su parte, Esteban Obiol (del bloque FPV), remarcó que «Bahía Blanca y este cuerpo ha perdido la confianza en Lopes», y tras señalar que el intendente «no puede ser responsable del erario público», puso de relieve «la responsabilidad institucional del Concejo Deliberante», ante la situación derivada por la conducta del jefe comunal.
El concejal Fabián Lliteras, del FPV (lopesista), puntualizó que desde su bancada «se dijo que debían aguardarse los tiempos de la justicia y no se nos hizo caso», y denunció que «durante el proceso investigativo se vulneraron derechos consagrados en la Constitución Nacional».
En tanto su colega del mismo bloque oficialista, Julio Ruiz, mereció la mayor atención tanto del público que seguía la cesión, como de sus propios pares del órgano legislativo, cuando comparó la destitución del intendente Lopes «con un golpe de Estado».
«No se tienen noticias en la historia de nuestra ciudad que se haya registrado en tiempo de democracia un golpe de Estado contra una institución municipal legítimamente constituída. Todos los estamentos que han intervenido en esta operación y sabemos cuales son, serán responsables de las consecuencias que esto acarrea para una sociedad», afirmó el edil
Para Ruiz, en la realización de la sesión especial hubo «un sospechoso apuro», y tras mencionar que «todos estamos aguardando una resolución judicial del caso que nos ocupa», el concejal denunció que «aquí se vulneraron las más mínimas garantias constitucionales».
Finalmente el cuerpo sometió a votación el Decreto para destituir al intendente Lopes, que fue aprobado por 18 votos a favor contra 6 de la negativa.
Así votaron a favor de su destitución, los ediles de la UCR, FPV-PJ y FPV-Eva Perón, mientras que otros seis concejales del Frente para la Victoria votaron a favor de Lopes.