El pasado 29 de mayo, el Senado comenzó a resolver parte de una deuda urgente con el Poder Judicial mediante la cobertura de 46 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales.
El avance de estos últimos pliegos marcó un giro en la dirección que tenía la política judicial y, tras dos años y medio, se rompió una inercia de la que parecía difícil salir.
Según se pudo averiguar, la instrucción vino directamente del gobernador Axel Kicillof hacia el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; y a los senadores Teresa García, líder de bloque de Unión por la Patria; y al camporista Emmanuel González Santalla, quien encabeza la comisión de ACA.
El trío judicial de Kicillof logró superar divisiones internas y externas y avanzó en acuerdos con los diferentes bloques. «El problema lo tiene el oficialismo», declaró un legislador de la oposición.
La última sanción trajo algo de alivio al congestionado sistema de justicia que llegó a acumular casi 700 vacantes y tiene al funcionamiento de los tribunales y ministerios públicos al borde del colapso.
Según indicó el ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, uno de cada cuatro juzgados está vacante. «Es una situación muy grave», afirmó.
En su análisis, Torres sostuvo que si bien la situación es grave, aún más profunda es en los municipios del interior: «En las ciudades grandes las coberturas son más sencillas, pero en los juzgados de paz en los pueblos tenemos un problema más serio y eso afecta el servicio de justicia», señaló.
«El problema es general, llegando hasta la Corte, donde también tenemos vacantes. Es en todos los fueros y todas las instancias: juzgados, cámaras, casación y la corte. Es global», concluyó.
Con información de InfoCielo
Publicado en lanuevacomuna.com
