Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja solicitaron este viernes que los cuatro principales implicados en la causa de asociación ilícita dentro del conglomerado Vicentin sean detenidos con prisión preventiva por al menos 120 días. En cuanto a los otros 15 acusados, la Fiscalía pidió que permanezcan en libertad bajo el pago de una fianza millonaria. Sin embargo, la audiencia fue interrumpida nuevamente y continuará hoy, cuando los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy decidirán si conceden o no la solicitud del Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo con la imputación presentada durante la segunda jornada en el Centro de Justicia Penal, los ejecutivos habrían continuado con el vaciamiento de la empresa incluso después de haber declarado el default en 2019. Según los fiscales, retiraron cerca de 1.000 millones de pesos entre ese año y 2024 para fines personales, ajenos a la actividad agroexportadora, pese a que el juzgado del concurso los había apartado formalmente de la dirección del grupo.
Los principales acusados de liderar la asociación ilícita y de cometer estafas reiteradas, además de administración fraudulenta, son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. A su vez, a los imputados Máximo Padoan y Javier Gazze se les fijó una caución de 15 millones de dólares, mientras que el resto de los acusados deberá depositar 10 millones. Además, se les prohibió involucrarse en la gestión de las empresas del grupo y salir del país.
La exposición de la acusación fiscal continuó el viernes tras la extensa audiencia del jueves, pero volvió a interrumpirse entrada la noche. La audiencia se ha tornado prolongada y compleja, llegando incluso a provocar el reclamo de uno de los abogados defensores, Jorge Ilharrescondo, quien se opuso a que se divulgaran los honorarios percibidos por su equipo, provenientes de fondos retirados de la empresa.
Según los fiscales, los cuatro cabecillas mantuvieron su injerencia y continuaron con maniobras perjudiciales para el patrimonio de la compañía, pese a estar en concurso de acreedores y bajo supervisión judicial. Este punto fue clave para que Moreno y Narvaja ampliaran la acusación que ya habían formulado en diciembre de 2023.
En esa ocasión, una docena de ejecutivos de Vicentin compareció ante la Justicia, logrando evitar la prisión preventiva mediante el pago de una caucón de 10 millones de dólares. Sin embargo, esta vez, Buyatti, Scarel, Gazze y Macua no corrieron con la misma suerte.
Los cuatro fueron arrestados la semana pasada. Gazze y Buyatti fueron detenidos en una serie de 20 allanamientos realizados en distintas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Funes y Reconquista. Por su parte, Macua y Scarel se presentaron voluntariamente al día siguiente en la Fiscalía.
La investigación sostiene que, antes de la cesación de pagos, los ejecutivos habrían simulado una solvencia financiera ficticia para seguir captando granos para molienda y accediendo a créditos bancarios. En paralelo, trasladaban la deuda del grupo a una sola empresa, Vicentin SAIC. Actualmente, esta sociedad mantiene participación en Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Sottano SA, Sir Cotton, Playa Puerto y una fracción de Renova. Luego del default, los exdirectivos continuaron extrayendo fondos de la firma para fines personales, alcanzando un monto total de 952 millones de pesos entre 2019 y 2024.
«Se les imputa continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentin SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario, con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos —entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”, sostiene el documento de la acusación.
Narvaja destacó que «entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044».
Parte de esos fondos habrían sido destinados al pago de honorarios de los abogados defensores, Jorge Ilharrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor. Según la Fiscalía, los ejecutivos imputados debieron haber cubierto esos costos con su patrimonio personal, en lugar de utilizar recursos de la empresa. De hecho, los pagos se canalizaron a través de empresas del grupo como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton.
El viernes también se expuso una lista de desembolsos realizados por Vicentin SAIC y otras firmas del conglomerado a favor de Gazze, Macua, Scarel, Máximo y Cristian Padoan, por más de 952 millones de pesos, presuntamente para cubrir los honorarios de los abogados Ilharrescondo, Cuenca, Amor y Ghío. Además, se revelaron gastos que, según los fiscales, encubrían el desvio de fondos, incluyendo pagos a periodistas con el argumento de «sostener la buena imagen de la empresa».
Además de los cuatro principales acusados, en la causa también están imputados Alberto, Máximo y Cristian Padoan, Javier Gazze, Martín y Yanina Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Daniel Foschiatti, Fernando Bougain, Carlos Sartor, Diego Boschi, Facundo Persoglia y Miguel Vallaza.
«Cabe destacar que la totalidad de los pagos de Vicentin SAIC se concentran en el segundo semestre de 2024, coincidiendo con el cese del control ejercido por la veeduría designada por el juez del concurso, circunstancia particularmente relevante en el análisis del patrón de disposición ilegítima de fondos», señala la acusación fiscal.
El escrito de Moreno y Narvaja concluye que los ejecutivos pusieron especial esfuerzo en «escamotear, directa e indirectamente, el patrimonio social de las firmas, que constituye -directa e indirectamente- la prenda de los acreedores del concurso preventivo de la empresa Vicentin SAIC. El resultado de estos actos de infidelidad se tradujo en un perjuicio económico directo a los patrimonios de las firmas mencionadas, e indirectamente, en un daño a los trabajadores y acreedores del grupo Vicentin».
La Nueva Comuna