La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario ordenó la detención de tres altos ejecutivos de la agroexportadora Vicentin, que en 2020 se declaró en default y cuya cúpula directiva enfrenta imputaciones por estafa. Los detenidos son Daniel Buyatti y Roberto Gazze, mientras que Omar Scarel, expresidente de la compañía, tiene un pedido de captura vigente, ya que no pudo ser localizado.
Las aprehensiones se llevaron a cabo en el marco de 20 allanamientos realizados en Rosario, Funes, tres en la ciudad de Buenos Aires, uno en Adrogué y otros en Avellaneda y Reconquista, ciudades santafesinas donde opera la firma.
Los directivos están bajo investigación por presunta asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, en una causa impulsada por los fiscales de Rosario Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Se los responsabiliza por la gestión financiera de la empresa, que hace cinco años entró en cesación de pagos, dejando sin cobrar a miles de productores, comerciantes y entidades bancarias.
Fuentes cercanas a la causa indicaron que las órdenes de arresto estarían vinculadas a una denuncia presentada por acreedores privados que decidieron no adherir al plan de pagos propuesto por la empresa para evitar la quiebra y que actúan como querellantes. La denuncia señala un supuesto desvío de sumas millonarias de la firma para cubrir honorarios de abogados particulares de los detenidos, lo que consideran un gasto que no debería ser asumido por la compañía.
Actualmente, la empresa enfrenta un pasivo postconcursal superior a los 5 mil millones de pesos y, por primera vez desde el inicio del default, sus empleados han sido desafectados debido a la falta de pago de salarios. Recientemente, la Corte Suprema de Santa Fe rechazó homologar el concurso preventivo al considerar que la propuesta de pago vulneraba el principio de igualdad entre los acreedores. El esquema contemplaba un pago de 30 mil dólares por cada acreedor, sin distinción del monto total de deuda, lo que, según el tribunal, favorecía a quienes tenían menores créditos y perjudicaba a los principales acreedores.
Entre los ejecutivos más comprometidos en la causa figuran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Omar Scarel y Roberto Gazze, señalados como líderes de una asociación ilícita. En 2022, el fiscal Moreno los imputó, junto a otros cuatro directivos, por «haber confeccionado, aprobado y utilizado balances anuales con cierre en octubre de 2017 y octubre de 2018, que contenían información financiera falsa», con el objetivo de encubrir el verdadero pasivo de la firma.
Además, se los acusa de haber elaborado y presentado ante cinco bancos internacionales informes trimestrales, correspondientes al período entre enero de 2017 y julio de 2019, en los que aparentaban una sólida situación financiera con el propósito de «ocultar la realidad económica de la empresa, inducir a error a las entidades y, de esta manera, obtener disposiciones patrimoniales que superaron los 500 millones de dólares en concepto de líneas de crédito otorgadas».
Según los fiscales, el colapso financiero de 2019 no fue un hecho repentino, sino la consecuencia de un proceso de endeudamiento progresivo que se extendió por varios años y fue deliberadamente ocultado tanto a los bancos prestamistas como a las empresas agropecuarias que le suministraban mercadería.
En los últimos días, la situación judicial de Omar Scarel, actualmente prófugo, se agravó luego de que Carlos Andrés Vaudagna, exdirector regional de la ex AFIP Rosario, aceptara declarar como arrepentido ante fiscales federales de distintas jurisdicciones de Santa Fe. En su testimonio, Vaudagna admitió haber cometido delitos para asesorar a empresarios en maniobras de evasión y lavado de activos. Además, confesó haber colaborado con Scarel durante cuatro años en la ejecución de una maniobra fraudulenta contra el fisco por 143 millones de pesos, mediante reintegros indebidos de exportación cobrados por Vicentin.
Con información de La Política Online
Publicado en lanuevacomuna.com
