Se trata de una nueva forma de embestida contra el orden constitucional. Con la consolidación global del capitalismo imperialista -lo que se conoce como globalización neoliberal-, los golpes de Estado militares y represivos de la segunda mitad del siglo XX quedaron, en gran medida, relegados al pasado.
Las erosiones del Estado de Derecho se producen desde dentro de las propias instituciones democráticas, a través de una red de complicidades entre los poderes económicos y los grandes medios de comunicación.
Desde los años ’90 hasta la actualidad, han sido numerosos los ejemplos en el mundo, incluyendo el asalto al Congreso de Estados Unidos instigado por Donald Trump durante su primer mandato.
Sin embargo, el auge de la extrema derecha a nivel global ha tenido en Argentina un caso particular: hace poco más de un año, una mayoría electoral llevó al gobierno a un mandatario que, además de autodefinirse como anarcocapitalista, admite recibir asesoramiento de su perro fallecido y ha declarado abiertamente su intención de desmantelar el Estado, lo que en sí mismo podría considerarse un atentado contra la soberanía nacional.
Así, Javier Milei es un presidente con legitimidad de origen, pero cuya gestión avanza en la ilegalidad e ilegitimidad. En la práctica, se ha convertido en un mandatario de facto.
Es el rostro visible de lo que podría definirse como un «neo golpe de Estado soñado por los autoritarios», que avanza con continuidad o en episodios, como una siniestra serie televisiva.
A saber, en un resumen:
Hace meses, más allá de algunas críticas desde la oposición -pocas realmente genuinas-, el Congreso aprobó la ley Bases y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con múltiples disposiciones de dudosa constitucionalidad.
Tiempo después, el propio Parlamento transfirió al Ejecutivo facultades legislativas que le son exclusivas.
El nivel de connivencia parlamentaria alcanzó tal punto que el 19 de marzo, mientras escribo estas líneas, la Cámara de Diputados, en un acto que contradice la Constitución, aprobó un decreto presidencial que formaliza un nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI sin que el organismo financiero internacional lo haya definido aún. Es decir, se convalidó una deuda sin conocer cifras ni condiciones.
Mientras en el recinto parlamentario se sucedían discusiones acaloradas, la sede del Congreso, sus inmediaciones y la Casa Rosada estaban rodeadas por un imponente dispositivo de seguridad, con más de dos mil efectivos, vehículos blindados, helicópteros y drones.
Todo este despliegue tenía un objetivo: impedir una nueva marcha masiva de jubilados y pensionados, quienes desde hace meses protagonizan protestas semanales y suman cada vez más adhesiones, incluyendo hinchadas de fútbol y sectores sociales autoconvocados. Sin embargo, la ausencia de una participación contundente de las grandes estructuras sindicales y políticas es evidente, salvo por la izquierda trotskista, presente desde el inicio, y algunos pocos legisladores peronistas. La dirigencia tradicional se limita a expresarse en redes sociales, pero poco más.
El operativo represivo incluyó bloqueos en los accesos a la ciudad, controles policiales y amenazas a través de altoparlantes y carteles en estaciones de tren.
También se registró la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes, quienes fueron identificados y expulsados por estos. Del mismo modo, se detectó a individuos vinculados a grupos parapoliciales, algunos de los cuales suelen aparecer como agitadores en programas de televisión afines al oficialismo y la extrema derecha.
En Buenos Aires rige un estado de excepción encubierto. Las fuerzas de seguridad actúan como tropas de ocupación bajo las órdenes de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en los años ’70 militó en la organización Montoneros y que hoy, reconvertida en ferviente defensora del autoritarismo, está envuelta en sospechas de vínculos con empresas ligadas al Mossad israelí.
A pesar de la represión del 12 de marzo, que dejó cientos de heridos y detenidos, miles de personas volvieron a sumarse a los jubilados en su lucha por condiciones de vida dignas.
En este contexto, los mayores se han convertido en el motor de la resistencia activa contra el neo golpe en curso.
Este proceso es posible gracias a la connivencia del Poder Judicial, que junto con el Ministerio Público Fiscal avala cada atropello institucional con un cinismo comparable al del propio Milei y su entorno.
Los funcionarios del oficialismo han perfeccionado la manipulación discursiva: se autodenominan «libertarios» cuando en realidad son autoritarios y se presentan como víctimas de quienes, en realidad, solo reclaman sus derechos.
Para sostener este relato cuentan con el respaldo de un entramado mediático que no es ajeno a esta estrategia de desinformación y tergiversación, imprescindible para la ejecución de un golpe de Estado de nuevo tipo.
Hace algunos años, en El Salvador, un sacerdote formado por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero -asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte- hablaba de la «Perversa Trinidad»: el poder económico como el Padre, la politiquería burguesa como el Hijo, y el aparato mediático-cultural como el Espíritu Maldito.
El intelectual Noam Chomsky ha analizado cómo los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son herramientas clave en el control social necesario para estos golpes encubiertos.
Según su «modelo de propaganda», cinco factores determinan el funcionamiento de la maquinaria de manipulación: la propiedad de los medios, el financiamiento a través de la publicidad, las fuentes de información, las críticas permitidas y la ideología dominante.
En línea con estos conceptos, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, un equipo de investigadores ha desarrollado el modelo de «Intencionalidad Editorial», que analiza cómo se inunda el ecosistema mediático con desinformación y sesgos ideológicos.
En este sentido, el sitio Bloghemia sostiene:
“Las redes sociales han amplificado fenómenos como las noticias falsas, utilizadas como herramientas de manipulación política (…). Los algoritmos maximizan el tiempo de los usuarios en las plataformas, promoviendo contenidos sensacionalistas y polarizantes. Esto no solo distorsiona la realidad, sino que también socava la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas (…)”.
Y agrega: “Chomsky ha criticado la ‘economía de la atención’, en la que las plataformas compiten por captar y retener a los usuarios. En este modelo, la atención es el recurso más valioso y se explota sin escrúpulos. Los algoritmos priorizan contenidos que generan reacciones emocionales intensas, lo que limita la diversidad de perspectivas y refuerza burbujas ideológicas”.
Por su parte, el filósofo polaco Zygmunt Bauman advertía:
“Cuando la cantidad de información se incrementa exponencialmente y su velocidad de difusión se acelera, se dificulta la construcción de narrativas ordenadas. La fragmentación se vuelve dominante, afectando nuestra relación con el conocimiento, el trabajo y la vida en general”.
Gobiernos como el de Milei atentan contra este tejido social y cultural sin reparos, pero en Argentina ha emergido una resistencia con un fuerte anclaje en los mayores.
Como si el tiempo hubiera reconfigurado los roles, la lucha contra el fascismo ha devuelto a los viejos y las viejas al centro de la historia, justo al revés de lo que imaginó Adolfo Bioy Casares en su novela «Diario de la guerra del cerdo».
La Nueva Comuna
