Máximo temor oficial: la inhabilitación de los candidatos por aportes
La Alameda presentó listados de presuntos aportantes apócrifos y sembró sospechas sobre campaña en Capital Federal. Empleados porteños se desligan de donaciones. Inquietud por denuncia que busca imputar a Vidal.
Gustavo Vera, en nombre de La Alameda, aprovechó los primeros minutos de reiniciada la actividad en tribunales tras la feria judicial para echar más leña al fuego sobre la denuncia de aportes falsos de campaña que aqueja a Cambiemos. Ingresó al juzgado de Sebastián Casanello listados propios con cientos de casos de quienes utilizaron su interfase virtual que permitía buscarse en los listados de donantes de dinero presentados en la declaración jurada del partido ante la Cámara Nacional Electoral. A ese combo, que excedía el millón de pesos, le agregó el pedido para ampliar la investigación original a la campaña presidencial de 2015. Más presión para el fiscal Carlos Stornelli que como informó Ámbito Financiero debe expedirse ante la consulta del juez sobre si corresponde o no incluir el financiamiento del proceso que derivó en el triunfo de Mauricio Macri. Y sumó otro nubarrón: la posibilidad de que la misma metodología recaudatoria irregular se hubiese aplicado dentro de los límites de la General Paz, para la campaña que postuló a Elisa Carrió como diputada. Pero lo que realmente preocupa al Gobierno no es el expediente por lavado de activos, sino la posibilidad de que existan sanciones electorales que puedan inhibir candidaturas. Este escenario, se prevé como mucho más veloz que cualquier pesquisa penal.
El tablero judicial por el escándalo de aportes «truchos» está distribuido en tres grandes ejes. En el fuero penal federal de Comodoro Py, Casanello avanza (en máxima reserva) con las declaraciones testimoniales de 50 casos de aportantes que niegan haber donado dinero para la campaña. El fiscal electoral Jorge Di Lello aguarda las próximas horas terminar el compendio de los casos testigo que tomó con los informes de Gendarmería y de Desarrollo Social y la ANSES para girarlos al juzgado con competencia electoral bonaerense a cargo interinamente de Adolfo Ziulu. Recién entonces se convertirá en una causa, cuando tenga juez asignado. Y el tercer movimiento que es mirado con temor desde la Casa Rosada, es la postura que adopte el juzgado federal platense a cargo de Ernesto Kreplak. Allí, la senadora provincial K María Teresa García denunció a Vidal como cabeza partidaria en el distrito. El primer paso lo deberá dar la fiscalía y será clave leer -en lo político- si incluye a la gobernadora en la lista de las imputaciones. Ese expediente concentra la atención oficial porque maldicen la distracción en el sorteo que permitió que esa denuncia aterrice en el escritorio de un exfuncionario kirchnerista del Ministerio de Justicia. Parecen desconocer que Kreplak, luego de haber ganado el puesto para el que concursó, buscó desligarse de cualquier compromiso político y hasta dejó de atender a excompañeros de gestión. Sin embargo, a la paranoia gubernamental por el «fuego amigo» le anexaron una dosis de «mala praxis judicial» para lamentarse sobre el curso que tomó el affaire.
La preocupación máxima de Cambiemos es la futurología judicial: la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos contempla sanciones a su incumplimiento en el artículo 63. «El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido», cuando «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos». Vidal es presidenta del PRO en Buenos Aires, lo que la dejaría expuesta a una potencial sanción cuando el reloj corre para las candidaturas 2019. En los tiempos de la Justicia, el desarrollo de una causa que contenga todas las presuntas irregularidades por los delitos federales atribuidos demoraría mucho más que una eventual sanción que la inhabilitara como postulante. La letra de la norma la ata a la suerte del financiamiento electoral, más allá de que para los delitos penales se requiera una carga probatoria de que actuó, impartió ordenes, participó o tuvo conocimiento de alguna conducta delictual dentro del sistema recaudatorio de fondos. En pasillos oficiales se dan ánimos con respecto al antecedente más cercano por hechos similares: la campaña 2007 del Frente para la Victoria que fue financiada en parte con cheques provenientes de droguerías y laboratorios que luego se revelarían como parte de la mafia de los medicamentos demoró una década. E involucró a las personas que participaron de la firma de recibos y a los responsables económicos de la campaña. No rozó a las autoridades partidarias y mucho menos a los candidatos a pesar de que un curioso fallo de la Cámara Federal confirmó los procesamientos y devolvió el caso a primera instancia para que se investiguen «responsabilidades políticas» subyacentes. El caso sigue bajo investigación dos años después de esa orden.
El peor escenario era (hasta ayer) que Kreplak concentrara todo el cúmulo de denuncias y de casos que se multiplicaron en territorio provincial por el financiamiento de la campaña. La disyuntiva a la que se enfrentaba la estrategia sobre la que está el abogado Alejandro Pérez Chada era intentar bajarle el tono a la hipótesis de blanqueo de dinero que tenía Casanello (gracias a Stornelli) y plantear su incompetencia dado que los hechos que se denunciaban habían ocurrido fuera de la Capital Federal. Sin embargo, con su presentación de ayer, La Alameda le sumó elementos al juez para retener el caso en Comodoro Py: indicaron que datos privados con los que cuentan las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo empleados de distintas reparticiones) «se utilizaron para generar una inmensa cantidad de aportantes falsos en las tres campañas electorales (legislativas PBA, legislativas Capital y presidencial 2015), y así justificar gastos realizados con dinero de procedencia claramente ilegal». Puntualizaron que hubo empleados porteños que denunciaron ante la ONG que existió «sustracción de identidad» de sus nombres para hacerlos figurar como aportantes y «que los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes, y que ese dinero correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de gobierno». Sobre esta nueva hipótesis, detectaron $8.300.000 entre las tres campañas. Solicitaron conocer la procedencia de los montos involucrados.
Por GABRIEL MORINI
AMBITO
PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM
