En el marco de la causa por los aportantes truchos, el juez federal electoral Alejo Ramos Padilla procesó este martes a cuatro implicados del PRO, responsables económicos de las elecciones legislativas de 2017. La investigación involucra directamente a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien quedó señalada por incluir como supuestos aportantes a empleados públicos y beneficiarios de planes sociales.
Los procesados por la Justicia Federal son Julián Vilche, Carla Silvia Chabán, Alfredo Gabriel Irigoin y el entonces apoderado del PRO, Mauricio Redigonda. Según el fallo judicial, los acusados cometieron “inserción de datos falsos en documentos públicos”, específicamente en los informes de recursos y gastos de la campaña electoral.
El caso salió a la luz en 2018, cuando una investigación periodística reveló que Cambiemos, liderado en ese momento por Vidal y el expresidente Mauricio Macri, había registrado como aportantes a monotributistas, jubilados y otros ciudadanos sin su consentimiento. Este esquema habría permitido recaudar aproximadamente $40 millones para las elecciones en las que fueron candidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
El fallo de Ramos Padilla detalla que Vilche, Chabán e Irigoin fueron procesados por falsedad ideológica de documento público y por omitir deliberadamente la acreditación del origen de los fondos de campaña. En tanto, Redigonda fue señalado como coautor de la falsedad ideológica y partícipe necesario en la omisión de fondos.
“Sin una rendición de cuentas transparente, es imposible determinar si el financiamiento provino de actividades legales, empresas cuestionadas, narcotráfico o hechos de corrupción vinculados al crimen organizado”, advirtió el juez, quien también embargó bienes de los acusados por valores que oscilan entre $30 y $50 millones.
El trasfondo del escándalo
La maniobra de los aportantes truchos habría involucrado a más de 1.400 personas, según la investigación. Muchos de ellos eran beneficiarios de programas sociales que nunca realizaron donaciones reales. Un excandidato del PRO en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, afirmó que “el 100% de los aportes eran falsos” y que se inventaban cenas de recaudación para justificar fondos manejados directamente por Vidal, Jorge Macri y Diego Santilli.
Además, peritajes realizados por la Cámara Nacional Electoral revelaron que el 95% de los aportes registrados fueron en efectivo y que los datos de muchos supuestos donantes no coincidían con el Registro Nacional de Electores.
De confirmarse las acusaciones, los procesados podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión por falsedad ideológica de documentos públicos, además de sanciones por la omisión de acreditación de fondos, que podrían sumar condenas de hasta diez años.
Este caso expone una red de financiamiento irregular que pone en jaque la transparencia del sistema electoral y reaviva el debate sobre el rol del control en las campañas políticas.
La Nueva Comuna
