En la mañana de este miércoles, la policía de Santa Fe llevó a cabo una serie de allanamientos y detenciones contra dirigentes sindicales de AMSAFE (docentes) y ATE (estatales), que habían participado en una protesta contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobernador radical Maximiliano Pullaro. Los operativos se realizaron en las ciudades de Rosario y Casilda.
Hasta el mediodía, se confirmaron cinco personas detenidas, entre ellas destacados referentes de los gremios. Por parte de AMSAFE Rosario, fueron arrestados Román González, Franco Casasola y Diego del Castillo de Curbelo, mientras que los detenidos de ATE Rosario incluyen a Maximiliano Molina y Daniel Vázquez.
La protesta que derivó en estas detenciones estaba relacionada con la oposición a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, que generó un fuerte malestar entre los trabajadores docentes y estatales. Los gremios denuncian que estos allanamientos y detenciones son parte de una estrategia de represión y criminalización de la protesta social.
A través de sus redes sociales, AMSAFE Rosario convocó a un cese de actividades desde las 16 horas y a una concentración en la Plaza San Martín, exigiendo la «libertad inmediata» de los docentes y trabajadores detenidos, bajo la consigna «¡Protestar no es delito!».
El gremio de ATE Rosario también denunció los operativos a través de su cuenta de Twitter, resaltando que los allanamientos y detenciones ocurrieron menos de 24 horas después de decretarse el cierre de las paritarias en la Legislatura provincial, en medio de una protesta por la reforma previsional. Entre las acciones denunciadas se encuentra el allanamiento violento a la casa de la madre de Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, en busca de Maximiliano Molina, referente de la Fenat–CTAA.
Uno de los detenidos, Franco Casasola, es dirigente de AMSAFE y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad. Casasola denunció que la policía irrumpió en su casa, rompió la puerta y lo amenazó con armas de fuego. Organizaciones sociales y políticas ya se han pronunciado en repudio de los hechos, calificando los operativos como «prácticas antidemocráticas» que recuerdan a los momentos más oscuros de la historia del país.
En este contexto, las organizaciones sindicales y de derechos humanos exigen la liberación de los detenidos y convocan a la solidaridad de la sociedad para enfrentar lo que consideran un avance en la criminalización de la protesta social.
Con información de La Izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com
