Jaime Mecikovsky está imputado por filtración de datos para ser utilizados con fines políticos y por asociación ilícita
La Justicia federal allanó el domicilio y las oficinas del subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Jaime Mecikovsky, señalado como responsable de comandar un «task force»dentro del organismo que recopilaba información fiscal secreta para «filtrarla» con objetivos políticos.
Acusación
La causa se inició el 14 de abril, aunque recién tomó estado público luego de la imputación formulada por el fiscal Eduardo Taiano contra toda la cúpula del organismo recaudador. Denunciada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, postuló que existió una posible «asociación ilícita» y el delito de «enriquecimiento ilícito» en torno a la figura de Mecikovsky. El denunciante sostuvo que había llegado a su conocimiento que «Mecikovsky en connivencia con Devoto estarían asesorado y trabajando en paralelo en la actividad privada, y a su vez en la función pública como Contador en Off y abogado de Grupos de Empresas, disponiendo de información privilegiada».
Impacto
El escándalo generó un cisma al interior del organismo recaudador. Abad reunió de urgencia a todos los subdirectores generales en un encuentro a puertas cerradas que se extendió por varias horas. Allí, el administrador federal se mostró preocupado por la cantidad de funcionarios del organismo actualmente implicados en causas penales. La alarma estuvo signada por futuros procedimientos judiciales, en caso de que se active la causa que investiga «violación de secretos» .
En ese expediente bajo la órbita de Claudio Bonadio también están implicados, según la imputación, quienes integrarían esa estructura paraestatal: el titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola, Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); el agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.
Desde tribunales federales apuntaron que el caso podría desatar un escándalo de comprobarse que existió un sistema de filtración dirigido con información fiscal confidencial utilizada con fines políticos.