En una jornada cargada de preocupación, representantes de las Asociaciones Cooperadoras y personal de las Unidades Sanitarias de La Dulce, Claraz y Juan N. Fernández se congregaron en el Hospital «Néstor F. Cattoni» para abordar un tema de vital importancia para la salud comunitaria en el interior de nuestra localidad.
El motivo de la reunión fue la profunda inquietud generada por una ordenanza recientemente votada, la cual establece que las cooperadoras de cada unidad sanitaria deberán remitir a la Municipalidad un porcentaje significativo de los ingresos provenientes de los internos geriátricos. Concretamente, se estipula que el 80% de las jubilaciones de los abuelos con un haber y el 60% de aquellos con más de un haber, deberán ser transferidos al municipio.
Viviana Galli, integrante de la Asociación Cooperadora del Hospital local, expresó su preocupación ante esta medida, argumentando que durante más de tres décadas se ha trabajado de manera eficaz bajo un esquema que ahora se ve amenazado. Existe el temor fundado de que estos recursos, en lugar de ser reinvertidos en el sistema de salud local, sean absorbidos por las arcas municipales sin una contraprestación clara. La falta de transparencia en otros ámbitos, como el caso de la Tasa Rural y el estado de los caminos vecinales, agrava aún más esta preocupación.
En las tres Unidades Sanitarias afectadas, los ingresos provenientes de los internos geriátricos desempeñan un papel crucial en el cuidado de los ancianos y en la subsistencia de las instalaciones, cubriendo desde la adquisición de suministros farmacéuticos hasta la compra de alimentos y elementos de limpieza que no son proporcionados por la Secretaría de Salud Municipal.
Desde Claraz se hizo hincapié en el uso responsable de estos fondos, señalando que con ellos se financió la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la instalación de gas natural, proyectos que beneficiaron directamente a la comunidad. La preocupación radica en cómo se garantizará la adquisición de insumos esenciales si estos recursos se ven mermados.
Ante esta situación, se acordó por unanimidad la necesidad de mantener una reunión conjunta con todos los concejales, con el fin de sensibilizarlos sobre la realidad de las Unidades Sanitarias del interior, la cual parece ser desconocida para muchos de ellos. Sorprendentemente, algunos concejales manifestaron desconocer los detalles de la ordenanza que habían votado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del proceso legislativo y la representatividad de las decisiones tomadas.
En conclusión, señalan que la Ordenanza 11.452/2024 representa una amenaza latente para la continuidad de los geriátricos en La Dulce, Juan N. Fernández y Claraz. Más allá de ello, agregan que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las unidades sanitarias del distrito, dejando desprotegidos a los internos y vulnerando el acceso a una atención médica adecuada en el interior de nuestro partido.
Nden
Publicado en lanuevacomuna.com
