Tras más de 10 meses de investigación, el departamento de trata de personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal llevó a cabo 21 allanamientos en la búsqueda de una organización dedicada al «turismo gestacional». Esta red contactaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que pagaba un máximo de 10 mil dólares para que gestaran bebés, que luego eran vendidos a parejas extranjeras por aproximadamente 50 mil dólares.
Los operativos, un total de 21 en las últimas horas, se realizaron en sanatorios privados, clínicas de fertilidad, escribanías y estudios de abogados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se recogió material que será analizado, pero que ya ha revelado la existencia de 147 casos entre 2018 y abril de este año.
La investigación comenzó en enero, cuando una bebé de 3 meses fue internada en Alemania con problemas de salud. La niña, que tenía pasaporte argentino y estaba registrada en el Registro Civil de Capital Federal, fue acompañada por una mujer de 58 años, quien no cumplía con las condiciones adecuadas para su cuidado. Los médicos del hospital se comunicaron con el área de minoridad de Sarre, una localidad alemana, y la bebé fue colocada bajo el cuidado de una familia sustituta. Tras la declaración de la pareja que la acompañaba, las autoridades alemanas presentaron una denuncia en Argentina. A partir de ese momento, la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal de la PROTEX, Alejandra Mangano, encabezaron la investigación.
Según la información obtenida, personas y empresas promocionaban estos servicios a través de publicaciones en el extranjero, ofreciendo distintas vías de contacto para parejas que no podían llevar adelante embarazos. El servicio, denominado “Programa Argentina”, costaba aproximadamente 50 mil dólares e incluía la elección de la gestante, la compra de embriones, el tratamiento, controles del embarazo y el parto. A las mujeres gestantes se les ofrecía hasta 10 mil dólares por su participación y un extra de entre 1.000 y 2.000 si el parto era por cesárea, lo que permitía controlar el lugar y momento del nacimiento para asegurar la documentación necesaria.
La investigación también reveló un “sistema de reclutamiento” en el que se contactaba a mujeres mediante redes sociales, aprovechándose de su situación de pobreza. Las convencían de someterse a múltiples tratamientos hasta lograr un embarazo. Durante este proceso, recibían un pago mensual mínimo, y el resto del dinero solo se les entregaba tras el parto y la entrega del bebé. Si el embarazo se interrumpía, las empresas se negaban a realizar cualquier pago adicional, salvo los mínimos ya abonados.
El objetivo de la organización era obtener al bebé para entregarlo a una pareja, mayoritariamente extranjera, sin ningún tipo de vínculo genético, cultural o social con la madre gestante. Además, la red tenía contactos para inscribir a los bebés en Capital Federal, incluso en casos en los que los nacimientos se produjeron en otras provincias. “De esta forma, se confirmó que todos los involucrados actuaban con fines meramente lucrativos, explotando la vulnerabilidad económica de las mujeres gestantes para convertir a nuestro país en un destino de ‘turismo reproductivo’”, indicaron desde la división de trata de la Policía Federal.
La investigación dirigida por la PROTEX y la jueza Capuchetti avanza ahora sobre delitos tipificados en el código penal y violaciones a la Constitución Nacional, considerando que se habrían vulnerado derechos humanos en al menos 147 casos. La Constitución prohíbe expresamente la compra-venta de personas en su artículo 15, estableciendo que “cualquier contrato de compra venta de personas es un crimen, y serán responsables tanto los que lo celebren como el escribano o funcionario que lo autorice”. Fuentes judiciales señalaron que la investigación está en curso y no descartan detenciones y nuevas diligencias judiciales, ya que siguen apareciendo publicaciones internacionales que mencionan a Argentina como un lugar donde la subrogación de vientres no está prohibida, continuando con la oferta de “turismo gestacional”.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com
