La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autorizó a la Policía Federal a realizar controles sobre manifestantes y vehículos en la vía pública sin necesidad de una orden judicial. La medida se pone en marcha justo en los días previos a la movilización convocada en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según se publicó en el Boletín Oficial, la disposición permite “realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”.
La resolución se enmarca en una reforma más amplia del estatuto de la Policía Federal Argentina, oficializada a través del decreto 383/2025, en el que también se autoriza la detención de personas hasta por diez días con fines de identificación, una medida fuertemente cuestionada por sectores de la oposición y organismos de derechos humanos.
Reestructuración policial y concentración de poder
El decreto indica que los procedimientos podrán llevarse a cabo cuando haya «circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito», si no hay tiempo de esperar una orden judicial “ante el peligro cierto de que desaparezcan pruebas” o para “operativos de prevención” en espacios públicos.
Además, se establece que la Policía Federal deberá “investigar delitos federales y complejos” y que, en función de esta nueva misión, se hace necesario «explicitar los objetivos estratégicos». Entre ellos, se incluye la posibilidad de exigir el “pago de los gastos ocasionados por tales servicios” y por seguridad en aeropuertos u otras infraestructuras críticas.
También se redefine el papel de la Dirección General de Asuntos Internos, que continuará bajo la órbita de la institución policial pero responderá funcionalmente al Ministerio de Seguridad Nacional, en un intento de “garantizar la eficacia y transparencia de los mecanismos de control institucionales”.
Reducción de personal y nuevo perfil de agentes
La reestructuración apunta a una fuerza “más eficiente, reducida y con mayor capacidad operativa”, lo que implica una revisión del ingreso de nuevos agentes. El ministerio a cargo de Bullrich deberá “redefinir el perfil y cantidad de ingresantes” a la fuerza con el objetivo de “adecuar las características del personal y de los escalafones a los nuevos objetivos”.
Esta decisión llega en medio de la polémica por el accionar letal de un agente recientemente egresado que mató a Thiago Correa con más de una decena de disparos en pocos segundos. La reforma también prevé la creación de un “Programa Presupuestario de Modernización de la PFA” a cargo de Bullrich, financiado con los fondos ahorrados por la baja en el ingreso de personal.
Nuevas prioridades y reasignación de recursos
El decreto concluye con una directiva clara: “Instrúyese al Ministerio De Seguridad Nacional a disponer la reestructuración, traslado y reasignación de recursos y de personal de las áreas que no sean prioritarias”. Esto implica concentrar personal y presupuesto en las áreas consideradas “estratégicas” por el Gobierno nacional, bajo el argumento de dotar a la fuerza de mayor capacidad tecnológica, mejores protocolos de actuación y fortalecimiento en inteligencia criminal y forense.
La medida, tomada en una semana políticamente sensible, es interpretada por sectores opositores como un intento de amedrentar la participación ciudadana en la movilización en defensa de Cristina Kirchner. La decisión de habilitar requisas sin orden judicial refuerza esa sospecha.
Con información de El Destape
Publicado en lanuevacomuna.com