En una movida con tintes marcadamente xenófobos, el gobierno anunció este martes su intención de establecer aranceles en la educación y la salud públicas. “Hoy, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, afirmó Adorni, sugiriendo que esto podría ser una fuente de financiamiento para las universidades, que el mismo gobierno ha dejado con presupuestos ajustados y salarios docentes prácticamente congelados. La “preocupación” del vocero presidencial por el financiamiento de la universidad pública parece surgir únicamente cuando busca argumentos para atacar el acceso de migrantes a derechos fundamentales como la educación. Sin embargo, su afirmación es engañosa, ya que menos del 4 % de los estudiantes universitarios en el país son extranjeros. Además, Adorni aclaró que la medida se aplicaría a extranjeros no residentes, aunque en los hechos, quienes acceden al sistema educativo público son en su mayoría residentes legales, lo que deja en el aire la aplicación concreta de la propuesta.
En la misma línea, el gobierno presentó un plan similar para la salud pública. “Se acabará la gratuidad de la atención médica para extranjeros como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales establecerán las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar por los servicios a quienes no residan en el país (…) nos despedimos de los tours sanitarios”, declaró el vocero, en tono provocador y con un claro sesgo antiinmigrante.
Sin embargo, existen limitaciones legales y prácticas para implementar estas propuestas. En el caso de las universidades, cualquier intento de arancelar a estudiantes extranjeros choca con la autonomía de las instituciones educativas, que son las que definen sus políticas internas. Para la salud, la gran mayoría de los hospitales están bajo la gestión de provincias y municipios, lo que restringe las posibilidades de imponer una normativa a nivel nacional.
Estas declaraciones parecen ser parte de una estrategia para desviar la atención de la crisis social y económica, utilizando a los migrantes como chivo expiatorio. En un contexto donde la pobreza supera el 50 % y los inmigrantes suelen desempeñar los trabajos más precarios y peor remunerados, el gobierno busca cargar culpas sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Adorni también adelantó la intención de endurecer las políticas migratorias, proponiendo ampliar los delitos que podrían justificar la expulsión de residentes extranjeros. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si atenta contra el sistema democrático atacando instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país”, afirmó. Además, señaló que se contemplaría una pena de prisión para quienes violen la prohibición de reingreso.
Estas medidas, en conjunto, buscan generar un clima de intimidación hacia los millones de trabajadores migrantes que residen en el país. Adorni incluso agregó: “Los malandras, ocupas y oportunistas deben quedarse en sus casas lejos de las fronteras y no venir a la Argentina a dañar a sus ciudadanos”.
La retórica del gobierno refleja una política alineada con tendencias globales de persecución a migrantes, similares a las que generan crisis humanitarias en otras partes del mundo. Inspirado en políticas como las de Donald Trump, que prometió deportaciones masivas en Estados Unidos, el gobierno argentino parece querer replicar un modelo que prioriza el ataque a los migrantes como parte de su agenda reaccionaria.
Con información de La Izquierda Diario
Publicado en lanuevacomuna.com
