«Haber podido reciclar ese lugar fue algo interesante, porque estaba abandonado y sin nada y hoy se pone de pie con una opción distinta”, dijo José «Cholo» Servat al Ecos Diarios refiriéndose al Parador Integrador que la Municipalidad le entregó en concesión por 25 años y en donde instaló un bar con vista al mar.
La declaración de Servat, más allá de las buenas intenciones que pueda proyectar, reflejan también el discurso que propala la gestión del intendente Arturo Rojas cada vez que intenta legitimar la entrega de bienes públicos para beneficiar a privados (casi siempre amigos o contratistas de la gestión).
Sucede que para la apertura de un coqueto bar en donde funcionaba el Parador Integrador en avenida 2 casi Pinolandia, construído por el gobierno provincial, Servat dispuso del amplio favor del intendente Rojas, que le alquila los containers para que funcionen como refugio de guardavidas apostados en distintos sectores del frente costero.
Rojas y Servat tienen una relación desde hace unos años, cuando el segundo instaló una concesión en Puerto Quequén para la explotación de una feria gastronómica (Puerto Gardella) de mucha visibilidad en la campaña electoral de Rojas en 2019 y de limitado suceso económico con el transcurrir de los últimos años. Rojas era presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y la feria era una muestra de las promesas de gestión que realizaría si era electo en el municipio.
Para el nuevo emprendimiento, ampliamente promocionado por el aparato de medios paraestatal del intendente, el concesionario dispondrá de las instalaciones del parador para explotarlo junto con toda una franja del frente costero por 25 años con un cánon de menos de 500 mil pesos. Los amplios beneficios otorgados por la municipalidad quedaron ocultos tras las declamaciones oficiales que refieren a progreso y desarrollo empresarial, siempre con cuidado de no revelar que el negocio es posible sólo porque dispone de los bienes públicos como plataforma de salida.
Y sucede que aunque Servat no lo haya mencionado, el «lugar abandonado» al que hizo referencia fue «abandonado» por la gestión del intendente Arturo Rojas.
El sitio estaba completamente funcional y luego de una serie de arreglos menores, el concesionario de golpe tuvo toda una instalación frente al mar que le quitó servicios a los vecinos para permitir un negocio a los amigos del intendente: en 2020 se usó como posta policial hasta que se declaró la pandemia, aunque luego la gestión municipal lo dejó inactivo y sin retomar sus actividades. La definición de «abandonado» para hablar del Parador Integrador queda un poco grande. En todo caso, fue la gestión Rojas la que aprovechó el parate de la pandemia para dejar inactivo el lugar y luego entregarlo.
El abandono estratégico
La lógica de abandono del bien público para decantar en la entrega a privados amigos del poder es una práctica frecuente en Necochea y se ha dado bastante seguido en los últimos años, sobre todo desde la asunción del intendente Rojas. Los ejemplos hablan por sí solos.
El incendio del Complejo Casino fue paradigmático para mostrar la escena: con varios años de desidia a cuestas, las llamas en el Auditorium decantaron en el abandono final del lugar por parte de la Municipalidad, que ni siquiera ha removido vidrios rotos ni tapiado las ventanas en años, casi como si estuviera más interesado en mostrar la ruina que en darle el final más decoroso posible al asunto. La intención detrás del panorama que se presenta es la venta del complejo bajo el argumento de la imposibilidad del estado municipal de levantar semejante estropicio.
Mismos argumentos se han usado en el pasado reciente para tratar de entregar terrenos del Parque Miguel Lillo a un club cuyo principal referente fue contratista portuario cuando Rojas era presidente del Consorcio. Para justificar la apropiación y la instalación de exclusivas canchas de tenis en terrenos del Vivero Municipal, desde la Comuna hablaron que era un terreno «abandonado» o «sin nada» evitando mencionar que ese abandono surgía directamente de decisiones que la Municipalidad viene tomando desde hace años.
Esa clase de manejos que habilitan las entregas de bienes públicos en formato de concesiones a largo plazo y con un irrisorio beneficio para el erario público vienen de larga data y no son exclusivos de la gestión Rojas: el Parque Miguel Lillo ha sido frecuente blanco del «relato del abandono» y cada vez que se da una avanzada sobre el espacio por parte de intereses privatistas el argumento sale a relucir. En 2015, cuando el débil gobierno interino de José Luis Vidal intentó instalar una cancha de hockey en 123 y 10, la excusa desplegada fue que en ese predio «no hay nada», obviando por supuesto la existencia de al menos 6 especies diferentes de árboles creciendo en formato parquizado.
Ahora la Comuna ya concretó la entrega y la propaganda oficial no deja de mostrar la nueva concesión como si se tratara de un éxito empresarial y como una inversión en turismo que, en realidad, no es más que la apropiación de bienes del Estado legitimados por el Ejecutivo y un Concejo Deliberante reducido a una escribanía del poder de turno. La gestión Rojas prometió además en este caso una inversión del concesionario de más de 50 millones de pesos que debían ejecutarse en 2022, aunque en virtud de la falta completa de controles del HCD y el favor que decidió brindar el intendente a uno de sus principales contratistas (¿y financistas?) la promesa se ve más como una declamación de campaña que como una proyección real que represente un beneficio real para la comunidad.
Diario 4V
Publicado en lanuevacomuna.com