El día Jueves 5 de Marzo la jueza Sandra Arroyo Salgado brindó una conferencia de prensa en la que hizo público un informe realizado por los peritos de la parte querellante en el caso de la muerte de su ex marido, el fiscal Alberto Nisman.
Dicho informe coincide en su mayor parte con el informe oficial elaborado por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la autopsia, pero disiente en algunos puntos, principalmente en la hora de muerte y el lugar desde donde se efectuó el disparo (trayectoria de la bala).
La nueva data de muerte fue fijada por los peritos de la querella en 36 horas antes de realizada la autopsia, con un error de más/menos 4 horas. Como la autopsia se concretó entre las 8 y las 10 de la mañana del lunes 19, para el equipo de Arroyo Salgado Nisman murió la noche del sábado 17.
Para el equipo, por otro lado, el disparo que mató a Nisman fue por encima de la oreja derecha, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, de manera idéntica a la información oficial. Sin embargo la dirección sería diferente: de atrás hacia adelante.
El principal afectado viene del propio entorno de Nisman
El principal involucrado en esta nueva teoría sería el propio Diego Lagomarsino, asistente de Nisman, quien confirmó en declaraciones haber visitado a su jefe en horas de la noche del día sábado, haciéndole entrega de lo que después resultó ser el arma que puso fin a la vida del fiscal.
¿Cómo es que el principal inculpado por la hipótesis de Arroyo Salgado proviene de las mismas filas del entorno cercano de Nisman? ¿Cuán lejos quedó la teoría de un homicidio provocado por la denuncia que el fiscal había realizado a la presidenta y a algunos de sus funcionarios? ¿O será que realmente eso ya no importa?
Arroyo Salgado convirtió el caso en «una pelea callejera»
Al parecer, el afán por conocer las verdaderas circunstancias de la muerte del fiscal quedó sepultado bajo la inmensa utilidad que demostró el caso para generar conmoción en la sociedad.
En este sentido, cabe destacar que dos semanas atrás la jueza Arroyo Salgado había solicitado en una reunión que no se ventilara información referida a la causa por fuera de la información oficial que suministra el Centro de Información Judicial (CIJ).
¿Por qué entonces la jueza decidió, 20 días después, realizar una conferencia de prensa pública y abierta, difundiendo información aún no confirmada oficialmente por quienes tienen a cargo la causa? Resulta extraño que una funcionaria que pidió criterio y cautela a la hora de tratar un tema tan sensible, salga de los límites de los mecanismos legales correspondientes y asevere, con total liviandad, la hipótesis de un homicidio como cosa cierta y comprobada.
«Es una pelea callejera», afirmó la Fiscal General Mónica Cuñarro en declaraciones a Radio del Plata. Si bien existen mecanismos judiciales para recusar cualquier informe forense oficial relacionado con la causa, Arroyo Salgado eligió abrir el juego y lanzar al vacío su tremenda conclusión. Sabiendo, por supuesto, que alguien se iba a hacer eco de tal afirmación.
Una nueva: la «Justicia Blue»
«Es una colega y sabe perfectamente que si se convoca a una conferencia de prensa va a ser la noticia», afirmó Cuñarro.
Asimismo, aseguró: «en 30 años que llevo en la Justicia pocas veces he visto tal grado de intoxicación informativa, sumada a la intoxicación de supuestos especialistas en métodos empíricos y científicos como en el día de ayer».
Y es que aquí reside el principal «atractivo» del caso Nisman. Inmediatamente después de la conferencia de prensa de Arroyo Salgado, vuelven a activarse los mecanismos de la «Justicia Blue», esa Justicia paralela que parecen querer llevar adelante los medios de comunicación y los seguidores de la «opinión pública», junto con algunos políticos opositores.
No importa ya si la hipótesis de investigación defendida por la querella es cierta o no. Ni siquiera importa si el principal afectado por la teoría es Lagomarsino: Nisman fue asesinado, y no sólo eso, fue asesinado por el gobierno.
«Lo de Nisman fue un homicidio», fueron las palabras de Arroyo Salgado. Y esas palabras se replicaron viralmente en todos los medios de comunicación y redes sociales existentes.
A nadie le interesa esperar a la semana entrante, cuando el informe presentado por la querella encuentre su cauce dentro de los mecanismos estipulados por el derecho penal y el Poder Judicial.
«El derecho, como la medicina, no es una ciencia oculta, tiene parámetros, y van a tener que explicar cómo llegaron a esas conclusiones», señaló en este sentido Mónica Cuñarro.
Sin embargo, nadie piensa en esperar a que se confirme una u otra línea de investigación. Una conferencia de prensa bastó (y sobró) para mantener viva una conmoción social que había sido medianamente apagada el día que el juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman y que ahora vuelve con una nueva convocatoria a las calles.
¿A qué juega Arroyo Salgado?
En una sociedad como la nuestra, absolutamente mediatizada, los ciudadanos somos siempre e inequívocamente víctimas de la manipulación, y la «opinión pública» no es otra cosa que el reflejo de las líneas editoriales de los principales medios de comunicación del país.
Esto significa que detrás de todo hecho mediático hay un interés político que debe encontrar un piso favorable sobre el cual producirse. Una verdad de perogrullo: no es lo mismo tomar una decisión política con la «opinión pública» a favor o en contra, e instalar determinado clima en la sociedad puede disminuir las posibilidades de éxito o fracaso.
¿Cuál es entonces la intención política detrás de la conmoción mediática originada por la conferencia de prensa de la ex mujer de Nisman?
Al parecer, la querella pone en juego herramientas cada vez más ingeniosas para el caso del fiscal llegue por fin a la Justicia Federal donde, se sabe, el gobierno tiene «pocos amigos» y los allegados a Nisman, muchos.
Por otro lado, la evaluación del caso por parte de la Justicia Federal aumentaría el impacto internacional del mismo, abriendo aún más el juego a la posibilidad de una desestabilización de la imagen de los sectores políticos dominantes.
Todo esto, no obstante, ayudaría a demorar la resolución del caso. Aunque, a estas alturas, cabría preguntarse si a alguno de los grandes sectores judiciales, mediáticos y políticos de nuestro país realmente le importa conocer la verdad.
Johanna Radusky // LA NUEVA COMUNA
