Según los datos oficiales del gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof, hasta octubre de este año, la administración de Javier Milei acumula una deuda de 7,8 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires. A pesar de este contexto, el gobernador logró mantener en ejecución alrededor de 1.200 obras públicas, con una inversión superior a los 3,5 billones.
Un informe difundido desde La Plata detalla que el gobierno nacional adeuda 2,094 billones en compromisos directos, además de 5,34 billones en obras públicas pendientes con la provincia y 371.163 millones por programas nacionales suspendidos o retrasados.
Sin embargo, desde el entorno de Kicillof subrayan que gran parte de los proyectos planificados siguieron adelante. El Ministerio de Infraestructura, encabezado por Gabriel Katopodis, sostuvo 545 obras con un presupuesto de 2,5 billones. Por su parte, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano avanza con 115 proyectos que representan una inversión de 687.000 millones. También destacan los trabajos realizados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), dedicado a urbanizar barrios vulnerables.
Entre las principales obras en marcha, según el monto destinado, se encuentran: el complejo judicial de Olavarría, con un presupuesto de 96.860 millones; la construcción de 853 viviendas en Presidente Perón, con una inversión cercana a 88.000 millones; y la repavimentación y ampliación de la ruta 41, que conecta Baradero y Castelli, con un costo de 80.924 millones.
Otros proyectos destacados incluyen la finalización de 332 viviendas en La Matanza, con 63.500 millones, y la rehabilitación del tramo inicial de 63 kilómetros de la ruta 2.
«Tenemos 1.200 obras en ejecución. El gobierno nacional no tiene ninguna. Cero», afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al presentar el informe.
En relación con las iniciativas del Ministerio de Justicia, Bianco explicó que muchas se enfocan en ampliar unidades penitenciarias y construir nuevas alcaidías. “Estamos liberando las comisarías para trasladar a los detenidos a las alcaidías”, señaló. También apuntó: “Eso es lo que debería estar haciendo la Ciudad de Buenos Aires, con o sin ayuda del gobierno nacional”.
Cuando Kicillof asumió, la provincia contaba con 24.000 plazas para alojar detenidos, y el plan original, financiado por la Nación, buscaba ampliarlas a 36.000. Este año, las transferencias fueron canceladas por el gobierno de Milei, pero la administración bonaerense decidió continuar el proyecto con recursos propios.
“Por eso en la provincia no se escapan presos, y quizás por eso se están escapando en la Ciudad. Ellos se tiran la pelota entre Nación y la Ciudad. Que lo haga Jorge Macri o Milei, pero que lo haga alguien. Nosotros sí lo hacemos en la provincia”, concluyó Bianco.
La Nueva Comuna
