El 16 de enero de 2016, la dirigente social Milagro Sala fue detenida en circunstancias calificadas como arbitrarias por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Según denuncias, la detención habría sido promovida por el entonces gobernador Gerardo Morales, en conjunto con el expresidente Mauricio Macri.
A pesar de las múltiples acusaciones judiciales y condenas cuestionadas por presuntas irregularidades, quienes defienden a Sala sostienen que su verdadero “delito” fue demostrar que, mediante el trabajo comunitario, solidario y democrático, se puede mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La Organización Barrial Tupac Amaru, liderada por Sala en la provincia de Jujuy, desarrolló una red de servicios sociales que incluyó la creación de 600 comedores, 16 escuelas, 23 complejos deportivos, 13 centros de salud, 2 instituciones de rehabilitación y la construcción de 8.500 viviendas. Además, gestionó 26 fábricas que emplearon a 4.500 personas, mayormente madres jefas de hogar.
Sus seguidores afirman que, sin buscar lucro y guiados por un profundo compromiso social, Milagro Sala y la Tupac Amaru trazaron un camino de transformación en Jujuy y en todo el país.
Desde su detención, se ha denunciado que esta persecución sería un intento por intimidar y debilitar cualquier resistencia organizada contra las desigualdades sociales.
En la actualidad, el gobierno liderado por Javier Milei enfrenta críticas por medidas de ajuste económico que afectan a jubilados, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, así como por acciones consideradas un retroceso en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.
Desde la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, integrada por ciudadanos de países como Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza, se reitera el pedido por la inmediata liberación de Sala y de todos los presos políticos en el país.
La Nueva Comuna