Denunciarán ante la ONU y la CIDH los alcances de la reforma de la SIDE
El CELS, Amnistía Internacional y otras 20 organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la inconstitucionalidad del DNU 941.
Las objeciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei modificó el sistema de inteligencia, serán llevadas en las próximas horas a instancias internacionales. Organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales preparan presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El eje de la denuncia será la existencia de un plan de vigilancia masiva que compromete la protección de derechos básicos.
El DNU fue firmado el 31 de diciembre, pocas horas después del cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso y en pleno clima de fin de año. Desde entonces, la norma viene siendo cuestionada tanto en el plano político como en el judicial.
Más de veinte ONG se manifestaron públicamente contra el decreto, al que definieron como “manifiestamente inconstitucional”, y alertaron sobre un avance del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que rompe consensos democráticos elementales.
“Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, sostiene el pronunciamiento firmado, entre otras organizaciones, por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, el INECIP, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), ANDHES, la Fundación Huésped y Greenpeace.
La estrategia de las organizaciones se despliega en varios frentes. En el ámbito judicial, el CELS ya interpuso un amparo colectivo al que podrían sumarse otras entidades. En el terreno legislativo, exigirán que el Congreso active los mecanismos para rechazar el DNU y que se ejerza control sobre la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mediante la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
“Es fundamental que el Congreso reciba estos planteos para poner en funcionamiento la CBI. La respuesta no puede ser solo judicial: los reclamos sociales deben tener una traducción política”, afirmó Diego Morales, director de Litigio del CELS, en declaraciones a Página/12.
En paralelo, muchas de las organizaciones avanzan con presentaciones internacionales. Los cuestionamientos al DNU serán elevados a distintos funcionarios y expertos, entre ellos José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH; Edgar Stuardo Rolón Orellana, relator para Argentina; Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión; Gina Romero, relatora de la ONU sobre libertad de reunión y asociación; Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos; Ana Brian Nougrères, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; y Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Varios de estos especialistas ya expresaron preocupación por retrocesos en materia de derechos humanos desde la asunción de Milei. Días atrás, por ejemplo, Gina Romero celebró en redes sociales la declaración de nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.
En 2019, el entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, visitó el país en el contexto de las filtraciones de escuchas —en particular las que involucraron a Cristina Fernández de Kirchner y su entorno— y concluyó que los controles de la CBI resultaban insuficientes. En ese informe preliminar recomendó crear un organismo independiente con participación de jueces de alto rango y especialistas en tecnología.
Tras ese pronunciamiento, la Corte Suprema emitió una acordada en la que desalentó la intervención de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en investigaciones judiciales. Sin embargo, esa restricción fue revertida con el DNU 614/2024, mediante el cual Milei disolvió la AFI y restituyó la SIDE.
La situación, sostienen las organizaciones, se profundizó con el nuevo decreto. “Un primer punto crítico es el uso reiterado del DNU para reformar una materia que requiere un debate profundo en el Congreso, especialmente cuando no existía una urgencia real. Además, el Gobierno presenta la medida como una simple reforma administrativa orientada a modernizar el sistema, pero está muy lejos de eso. Las principales alertas que plantea Amnistía Internacional tienen que ver con el debilitamiento de la protección de derechos humanos fundamentales”, explicó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Entre las principales objeciones al DNU 941, las organizaciones enumeran:
– obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando un esquema de vigilancia masiva;
– no contempla mecanismos de control ciudadano sobre la SIDE;
– establece que todas las actividades tengan carácter “encubierto”, lo que podría impedir investigaciones futuras sobre responsabilidades estatales;
– por primera vez desde el retorno de la democracia, otorga a agentes de la SIDE la facultad de detener personas, lo que podría convertirla en una “policía secreta”;
– habilita la convocatoria de las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, involucrándolas en funciones de seguridad interior;
– amplía la noción de contrainteligencia y reactualiza la figura del enemigo interno.
“Nos alarma no solo la ausencia de debate democrático en la reforma de una ley clave como la de Inteligencia, sino también el debilitamiento de los controles institucionales que introduce el decreto, al expandir el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha bajo el cual quedamos todas las personas y organizaciones en Argentina”, subrayó García Rey.
En el plano judicial ya existen al menos cinco amparos contra el DNU 941. En las próximas horas se definirá si la fiscalía considera que, por los riesgos señalados, el tema debe tratarse durante el receso judicial. El Gobierno, por su parte, defendió el decreto mediante dos comunicados y anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma más amplio.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com