Tras la lectura de los cargos por narcoterrorismo y conspiración, el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, rechazaron las acusaciones.
Durante su comparecencia en la primera audiencia judicial realizada en Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, le consultó al acusado si era Nicolás Maduro Moros. La respuesta fue: “soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos y me acojo a los tratados de Ginebra”. Finalizada la lectura de los cargos por narcoterrorismo y conspiración, Maduro se declaró inocente y, a continuación, Cilia Flores hizo lo mismo.
La autodefinición de Maduro como presidente constitucional de Venezuela resulta central, ya que remite al principio del Derecho Internacional Público que reconoce la inmunidad de los jefes de Estado. Este principio se encuentra directamente vinculado a la soberanía estatal, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 establece que los Estados miembros “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado…”.
En ese marco, queda en evidencia que tanto la inmunidad del presidente Maduro como la soberanía de Venezuela fueron vulneradas por las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos contra el país caribeño el sábado 3 de enero pasado.
La defensa del mandatario venezolano quedó a cargo del abogado Barry Pollack, quien anteriormente representó al preso político Julian Assange. Pollack cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de su defendido, al sostener que se trata de un “jefe de Estado soberano” que goza del “derecho al privilegio” inherente a su cargo.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero en Caracas por un comando militar estadounidense, en una operación que dejó decenas de muertos, y posteriormente trasladados a Estados Unidos.
Ya en territorio estadounidense, se avanzó en una exposición pública considerada humillante del mandatario venezolano, al ser mostrado esposado e incluso paseado por las calles de Nueva York, como si se tratara de un trofeo de guerra. La escena evocó imágenes propias del cine clásico de Hollywood, en las que los líderes de pueblos sometidos eran exhibidos por las calles de Roma tras su captura por el Imperio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al secuestro de Maduro con una ostentación explícita de poder. En declaraciones a Fox News este domingo advirtió: “podemos hacerlo de nuevo, nadie puede detenernos, no hay nadie que tenga la capacidad que tenemos”.
En el plano internacional, tras la detención considerada ilegal del presidente venezolano, Suiza recordó inicialmente la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial. Sin embargo, este lunes, luego de esa crítica moderada a Washington, se alineó rápidamente con la Casa Blanca y el Consejo Federal suizo resolvió bloquear los presuntos bienes de Nicolás Maduro en ese país.
China y Rusia, aliados estratégicos de Venezuela, reclamaron la liberación inmediata del presidente Maduro y de su esposa, y denunciaron la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos.
En la Unión Europea, la postura aparece más ambigua. Por un lado, algunos gobiernos insisten en calificar a Maduro como dictador, lo que supone un reconocimiento implícito de cierta legitimidad en el accionar estadounidense; por otro, cuestionan la legalidad de los métodos empleados por la administración Trump.
No obstante, diversas voces en Europa advirtieron que aceptar la ruptura del derecho internacional impulsada por Trump equivale a abrir una caja de Pandora, en la que cualquier país podría convertirse en blanco de la ley del más fuerte. En ese contexto, se proyecta la sombra de las amenazas estadounidenses de apropiarse de Groenlandia, territorio perteneciente al Reino de Dinamarca.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este lunes ante el Consejo de Seguridad que no se respetó el derecho internacional en relación con la acción militar de Estados Unidos del 3 de enero en Venezuela. “El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de cumplir todas las disposiciones de la Carta”, sostuvo.
Las reacciones de sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales no se hicieron esperar en Europa. Desde el mismo 3 de enero se multiplicaron las movilizaciones en distintas ciudades para repudiar la acción militar estadounidense y expresar solidaridad con Venezuela.
Página/12 dialogó con Pierre Marsein, secretario general de la CGT de la provincia francesa de Alto Loira, tras una manifestación realizada este domingo en apoyo a Venezuela. “Exigimos la liberación del presidente venezolano y su esposa, que el pueblo decida por sí mismo lo que quiere hacer, y especialmente que no sean los norteamericanos quienes dirijan ese país; sabemos que los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela”, afirmó.
Si se observa el trato que Estados Unidos dispensó a otros jefes de Estado considerados enemigos, como Muammar el Khadafi, linchado por una turba, o Saddam Hussein, ejecutado en una escena digna de un western, el destino de Maduro presenta diferencias significativas.
Sin embargo, los atropellos cometidos por Estados Unidos se producen a la vista de todos, lo que anticipa un costo político. Las pruebas de los delitos que se imputan a los Maduro no parecen consistentes y el trasfondo que queda expuesto es la apropiación de los recursos petroleros venezolanos.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com