El vocero presidencial habló de “orden y transparencia”, pero evitó mencionar la investigación por sobreprecios que compromete a funcionarios de la Casa Rosada. El organismo, ya vaciado de funciones, será reducido a una dependencia menor y volverá a un enfoque sanitario superado hace décadas.
Durante meses, miles de personas pasaron por interminables filas en la Andis para revalidar su discapacidad, como resultado de la auditoría impulsada por Diego Spagnuolo.
Si hubo negociados en el área de discapacidad, mejor que no queden rastros visibles. Mientras la causa por coimas avanza en los tribunales federales de Comodoro Py —la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos— el Gobierno decidió eliminar del organigrama estatal a la Agencia Nacional de Discapacidad. La sigla Andis había ganado notoriedad pública al mismo ritmo que los audios filtrados de su entonces titular, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba del “tres por ciento para Karina”.
“La Andis, tal como funciona hoy, va a dejar de existir”, afirmó Manuel Adorni. El anuncio no es solo simbólico: el organismo perderá jerarquía, autonomía y capacidad de articulación, para quedar reducido a una secretaría dentro del Ministerio de Salud. La decisión contradice las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, incorporada a la Constitución argentina en 2008, que plantea organismos autónomos y políticas transversales.
El anuncio se conoció en el último día hábil del año, cerrando un 2025 atravesado por denuncias de corrupción, el desmantelamiento de políticas públicas y un ajuste severo sobre instituciones de salud y educación vinculadas al sector. A eso se sumó el recorte de pensiones, una política que continuará en 2026 según las metas presupuestarias oficiales, que proyectan la baja de casi 200 mil beneficiarios. Pese a ello, Adorni volvió a acusar a la prensa de “mentir” sobre el tema.
Ese recorte también figura entre los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional a mediados de este año.
Para defender la reestructuración, Adorni sostuvo que se busca “terminar con capas interminables de burocracia, desorden administrativo y prácticas incompatibles con la transparencia”. Entre esas prácticas volvió a mencionar las pensiones supuestamente mal otorgadas —sin recordar su difusión de la falsa “radiografía del perro”— y agregó referencias a “profesionales que avalaban trámites sin respaldo clínico” y a “entidades que cobraron sin prestar servicios”, textual.
Nada dijo, en cambio, sobre los sobornos pagados por empresarios farmacéuticos a funcionarios de su propio gobierno, tal como surge del expediente que instruyen el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
En paralelo, sobre el Ejecutivo pesa un fallo reciente de la Justicia Federal de Campana que otorgó cinco días hábiles para aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de sanciones económicas y eventuales responsabilidades penales por incumplimiento de deberes.
La Casa Rosada intentó apartar de esa causa al juez Adrián González Charvay, sin éxito. Tampoco prosperó el intento de derogar la ley vía el Presupuesto 2026. Milei la vetó inicialmente y, tras la insistencia del Congreso, optó por reglamentarla sin asignar fondos, dejándola virtualmente inactiva. Sin embargo, la Justicia ya confirmó su plena vigencia legal.
Otros fallos, dictados en provincias como Formosa y La Rioja, ordenaron revertir el recorte de pensiones diseñado por Spagnuolo antes de que estallara el escándalo. Por ahora, el Gobierno acató esas resoluciones, a la espera de una auditoría que —según pudo saber Página/12— aún no tiene fecha estimada.
La sucesión de decisiones erráticas expone la falta de una política clara en el área. La Andis pasó por Jefatura de Gabinete, Presidencia y Salud, y ahora quedará reducida a una dirección. En el proceso hubo más de 300 despidos y se anticipa una nueva tanda de entre 30 y 60 cesantías.
Según informó el Ministerio de Salud, la reestructuración implicará una reducción del 45,7% de los cargos jerárquicos. El organismo pasará a llamarse simplemente “Dirección de Discapacidad” y seguirá bajo la conducción de Alejandro Vilches, interventor designado tras la salida de Spagnuolo.
“Ya nos vaciaron. Ahora vamos a operar con atribuciones casi inexistentes”, afirmó a este diario una fuente sindical.
La Andis corrió así la misma suerte que otros organismos eliminados por la gestión libertaria, como el INADI, el ex Ministerio de Mujeres o el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Entre las organizaciones prestadoras creció la preocupación por la posible discontinuidad del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el espacio donde ONG, instituciones y Estado acuerdan los valores de los servicios. Funciona como una paritaria del sector, pero el Ejecutivo pasó más de un año sin convocarlo. Tras el anuncio, nadie del Gobierno se había comunicado para dar certezas.
Vuelta al enfoque sanitario
Más allá del intento de diluir la causa por coimas, el comunicado oficial dejó expuesta la concepción del Gobierno sobre la discapacidad: la medida se tomó, según Salud, para “asegurar que las políticas cumplan su objetivo sanitario”.
“La discapacidad no es una enfermedad ni debe quedar atrapada en el sistema de salud”, señaló Ana Dones, referente de REDI. “Durante años luchamos contra el modelo médico que nos reduce a pacientes. Necesitamos políticas que igualen oportunidades y garanticen apoyos para una vida autónoma”, afirmó.
La Convención de la ONU establece justamente ese enfoque de derechos y transversalidad. La decisión del Gobierno va en sentido contrario y es leída como un retroceso, por lo que se descarta una pronta judicialización del decreto. Organizaciones como ACIJ, CELS, APDH y REDI analizaban acciones legales.
Ese paradigma regresivo ya estaba presente en el decreto firmado por Federico Sturzenegger en 2024, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez, retomando criterios de un DNU de 1997, con terminología y miradas propias de mediados del siglo pasado.
Los anexos de esa norma incluyeron expresiones como “idiotas” o “retardado mental”, lo que desató uno de los primeros escándalos que forzaron a Spagnuolo a pedir disculpas y retirar el documento.
En su anuncio, Adorni también erró en datos básicos: afirmó que la Andis había sido creada en 2017, cuando en realidad su antecedente, la Conadis, existe desde 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Los cambios de nombre y estructura se profundizaron con Cambiemos, pero la historia del organismo se remonta a los primeros años de la democracia.
“Vimos muchas cosas, pero nunca este nivel de crueldad”, resumió Dones. “Frente al escándalo de las coimas eligieron lo más fácil: borrar la Andis. En el fondo, lo que buscan es borrarnos a nosotros”.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com