La causa por presuntas coimas en el área de Discapacidad avanzó este viernes con la difusión del dictamen fiscal y el levantamiento del secreto de sumario. El expediente revela un entramado de mensajes, videos y movimientos que, según la fiscalía, configuran un esquema sistemático de sobornos y direccionamiento de fondos públicos. A partir de estas pruebas, la Justicia citó a declaración indagatoria al exfuncionario Diego Spagnuolo y a otras catorce personas, y solicitó la detención de Pablo Atchabahian, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud durante la gestión de Cambiemos.
Entre los elementos reunidos, uno de los más relevantes son las imágenes en las que se ve a Spagnuolo saliendo de la casa de Miguel Calvete, un operador vinculado a laboratorios y empresas proveedoras del sector. Ese registro se complementa con conversaciones recuperadas de los teléfonos de los imputados, donde se menciona de manera explícita el reparto de dinero, la existencia de “cajas estatales” y maniobras irregulares para adjudicar prestaciones y medicamentos de alto costo.
El dictamen del fiscal Franco Piccardi califica a los investigados como parte de una “organización delictiva” que habría obtenido “amplias sumas de dinero de manera indebida” mediante la utilización de la agencia estatal como una “ventanilla” para pagos millonarios direccionados, adjudicaciones fuera de la normativa y sobreprecios. Según el escrito, estas operaciones beneficiaron a empresas con vínculos directos con funcionarios y agentes externos con influencia en el negocio de las droguerías y los insumos médicos.
Otro tramo central del dictamen refiere a una reunión entre Spagnuolo y Calvete, en la que, según los intercambios recuperados, se habría acordado la entrega de cinco millones de pesos. En los chats analizados, ambos discuten la logística del pago, mencionan un viaje a Israel y la necesidad de concretar la operación en “algún lugar disimulado”.
Con la nueva evidencia, la causa entra en una fase clave: la Justicia deberá determinar si los indicios reunidos configuran un circuito sistemático de recaudación ilegal dentro del organismo y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en las maniobras investigadas.
