LA AMENAZA DE CLARIN A ALBERTO FERNANDEZ, EL PELIGRO DE MAYORES CONTAGIOS POR CORONAVIRUS Y UNA NUEVA LEY DE MEDIOS

Cuando un periodista le pregunta a un funcionario si está a favor de la “liberación masiva de violadores y asesinos” y el funcionario contesta que está en contra y “que es responsabilidad de los jueces” está opinando sobre algo que no ocurrió. Podría contestar “eso no pasó”. Sergio Massa fue más allá y pidió el juicio político de los jueces por sus sentencias. Estos comportamientos convalidan y naturalizan la estrategia de desinformación que encabeza Clarín e integran los medios más grandes del país. El Gobierno se resigna a que está imposibilitado para poder garantizar el derecho a la información a la población y prefiere seguirle el juego a los medios como quien le sigue la conversación a un loco. Es claro que el tweet del presidente al respecto y algunas respuestas acertadas de la ministra de Justicia Marcela Losardo fueron insuficientes y se perdieron en medio del fárrago de declaraciones.

Una noticia falsa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman que responsabilizaba a Cristina de su asesinato cambió el clima electoral de 2015. Otra noticia falsa, la acusación sobre Aníbal Fernández de ser responsable de un triple asesinato, definió la elección que impuso a Mauricio Macri como presidente y forjó el despojo que sufrieron millones de argentinos.

Noticias que matan

Ahora las noticias falsas están poniendo en grave riesgo la salud de la población. La Organización Mundial de la Salud recomendó enviar a los presos a sus casas para evitar contagios masivos. En el mismo sentido que aconsejó evitar todo tipo de aglomeración. El hacinamiento de las cárceles convierte un contagio en miles de contagios. Esos infectados luego ocupan las escasas camas de terapia y respiradores disponibles. En Argentina hay casi 100 mil presos y sólo quedan 4500 mil camas de terapia intensiva disponibles en todo el país. A su vez, la gente que entra y sale a diario de los presidios para trabajar se lleva el virus afuera y los difunde. La misma recomendación hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Así, en pocas semanas, Irán liberó o le dio prisión domiciliaria a 85 mil personas; Turquía, a 35 mil; Brasil, a 30 mil; Estados Unidos, a 16 mil; Francia, a 10 mil; España, a 8000; Inglaterra, a 4000 y Colombia también a 4000, por citar algunos casos.

En Argentina los medios acusaron al Gobierno de liberar miles de presos al voleo. La noticia real es que los jueces le dieron prisión domiciliaria a menos convictos que en los países arriba mencionados. Muchos hablaron de miles de violadores. Fernando González y Ricardo Roa en Clarín dijeron que era “una operación del kirchnerismo”.

La campaña de desinformación despertó la furia de miles de argentinos que salieron a sus balcones a manifestar rabia y miedo con un cacerolazo histórico. Las redes tuvieron millones de mensajes de enojo al respecto, muchos pagos, pero también reales. La opinión pública compró la noticia falsa y se asustó.

Ahora los jueces tenderán a frenar las domiciliarias por temor al escarnio público, los presos seguirán hacinados y la posibilidad de mayores contagios será muy alta. Se podría comparar con haber dejado abiertos los cines o los teatros o los bares. Así, una noticia falsa pone en peligro real la vida de los argentinos: de todos los argentinos, no solo de los presos.

El jueves hubo 1350 contagios en España. 750 son personal médico. La falta de personal sanitario es uno de los grandes dramas de la pandemia. Cuba le ofreció médicos a la provincia de Buenos Aires y el gobierno bonaerense lo consideró. De ahí en más se desató una campaña de noticias falsas que afirma que la mayoría son médicos de baja calidad y algunos son espías. Esta noticia falsa idiota y loca es hoy un impedimento político para sumar al personal cubano. Si en el pico de la pandemia faltan médicos, la noticia falsa se cobrará vidas de argentinos.

El Estado debe garantizar el derecho a la información

Mientras los argentinos golpeaban las cacerolas la cúpula de la CGT y la Unión Industrial firmaron en presencia de dos ministros la habilitación formal para la baja del 25 por ciento de los salarios a millones de trabajadores que hoy están en sus casas por orden del Poder Ejecutivo Nacional. La mayoría se enterará el lunes cuando cobre su salario, porque los grandes medios lo ocultaron y porque la inmensa ola de información falsa tapó la información real.

Los argentinos tienen derecho a estar informados y mucho más a no ser engañados poniendo en riesgo sus vidas. El derecho a la información debe garantizarlo el Estado.

Lo podrá hacer con una nueva ley de medios o con legislación anti monopolio; con el impulso a nuevos medios, con los medios públicos o con el modo que encuentre. Lo que no puede hacer es no asumir la responsabilidad de garantizar la información a los ciudadanos.

El miedo a Clarín

En Argentina hubo un plan sistemático de persecución mediático y judicial contra los principales actores del campo popular, con el objetivo de instalar y sostener un gobierno afín a los intereses de los Estados Unidos y de las elite local: el Gobierno de Macri.

Políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, periodistas, artistas, intelectuales fueron denostados cotidianamente mediante una enorme maquinaria de manipulación pública. Muchos de ellos fueron encarcelados con causas armadas que luego se demostraron falsas.

A partir del levantamiento del campo Clarín y sus medios satélites comenzaron una campaña que apuntó a demonizar primero y deshumanizar después a los hombres y mujeres el campo popular. El primer período, hasta 2015, sirvió para ganar las elecciones. Luego comenzaron los encarcelamientos de ex funcionarios.

Esa maquinaria sigue activa y en las últimas semanas recobró intensidad. Así, los funcionarios actuales saben que, si se atreven a desafiar los intereses que los medios representan, correrán la misma suerte que Amado Boudou, que terminó preso, o de Cristina y su familia, perseguidos hasta límites dramáticos.

La ferocidad del ataque creció a partir de que salió a la luz el proyecto para gravar a las grandes fortunas. Los medios le están advirtiendo a Alberto y sus funcionarios cuál es su límite.

Ahora el gobierno debe elegir: garantizar el derecho a la información del pueblo que le permita gobernar en paz a favor de su base electoral o gobernar con el temor de ser castigado al final del mandato.

EL DESTAPE

PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

Deja un comentario


Soporte Wordpress por Efemosse y Alipso