BOLIVIA: MARCHA Y REPRESION DURANTE EL ENTIERRO DE LAS VICTIMAS DE SENKATA

Otro operativo conjunto entre el Ejército y la Policía boliviana reprimió una masiva movilización de luto que llegó al centro de La Paz desde la localidad de Senkata con los cuerpos de las 8 personas asesinadas el martes pasado. La represión con gases y balines, disparados al cuerpo de los manifestantes, no respetó la presencia de los cajones de los fallecidos que llevaban en la marcha.

 

 

En la inmensa marcha, otra más que llega a la capital desde El Alto, las organizaciones campesinas e indígenas llegaron al centro de la ciudad con sus insignia wiphala, coronas de flores y los ataúdes de quienes fueron asesinados hace dos días. Sin embargo, al llegar a los alrededores de la Plaza Murillo, sobre la avenida San Francisco, el Ejército avanzó con sus tanquetas.

«Fuimos gasificados, desde los edificios más altos han lanzado gases. No han respetado a los muertos y la Policía se ha quedado con los cajones de los muertos. Continúen dispersando a los manifestantes lanzando gases y amenazando con armas. La represión de los militares es terrible», denunció Adriana Guzmán , integrante de la colectiva Feminismo Comunitario Antipatriarcal.

La movilización que llegó a La Paz tras 8 horas de marcha a pie desde Senkata reiteró las consignas contra el golpe de Estado y exigió la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

La masacre del martes en Senkata, cuatro días después de otra ocurrida en Cochabamba , cuenta con el aval del decreto 4078 , firmado el sábado pasado por Áñez, que exime a las fuerzas militares y policiales de los delitos que cometan durante la represión.

La CIDH condenó la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y tildó de «inadmisible» el decreto, que violenta las obligaciones del Estado de velar por la seguridad y los derechos humanos e impartir justicia a las víctimas. El organismo de derechos humanos dependiente de la OEA arribará mañana a Bolivia en una visita declarada como urgente por el «riesgo de impunidad para violaciones de DDHH».

Ante la llegada de la CIDH, el ministro de facto, Jerjes Justiniano, adelantó que el actual gobierno analiza derogar el decreto firmado el sábado pasado para avalar los crímenes militares. Sin embargo, continuó justificando los asesinatos al considerar que «el uso de la fuerza militar fue absolutamente proporcional» a las dinamitas y agresiones lanzadas por los manifestantes.

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