TRABAJADORES DE VIALIDAD DENUNCIAN QUE ESTAN TIRANDO Y DESTRUYENDO DOCUMENTOS

Ocurre mientras la justicia amplió la denuncia de Macri, Dietrich e Iguacel por maniobras irregulares para beneficiar a empresarios amigos

 

 

Mientras avanza la causa contra Macri, Dietrich e Iguacel entre otros funcionarios por los negociados realizados en Vialidad Nacional para favorecer a empresarios amigos, los trabajadores del organismo publicaron un video en el que denuncian que se están tirando y rompiendo numerosos expedientes y documentos que podrían estar relacionados con esa y otras causas que investiga la justicia.

Vale recordar que Vialidad Nacional renovó el contrato de la concesión de la Panamericana a pesar de la existencia de dos informes del ex Occovi que probaban las serias irregularidades en las que operaba Autopistas del Sol S.A., cuya accionista era el Grupo Socma, de la familia Macri, documentos que ahora fueron sumados al expediente y podrían convertirse en nuevas pruebas que complican aún más al presidente y a varios de sus funcionarios.

Los estudios sobre la situación de la concesionaria del Acceso Norte eran lapidarios: señalaban maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario, al tiempo que rechazaban la compensación millonaria que reclamaba la firma.

Con las manos en la masa
El 24 de septiembre, y tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno había derogado por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de allí, las rutas serían administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.

A principios de septiembre, el fiscal Eduardo Taiano había decidido investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se ha cometido”, afirmó en su momento, Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.

Mediante el decreto 659/2019 publicado el martes 24 de septiembre en el Boletín Oficial, con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y el imputado Guillermo Dietrich, el Gobierno buscaba dejar sin efecto la acción penal que ya había ganado impulso en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado había habilitado a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes durante dos años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Las nuevas pruebas complicaron al gobierno de Mauricio Macri en la causa por el direccionamiento de las concesiones de los peajes.

En dos informes reservados del ex Órgano de Control de la Concesiones Viales (OCCOVI), ya se advertían las serias irregularidades con las que operaba Ausol S.A., con Socma como una de sus accionistas. Ambos documentos han sido lapidarios. Señalan maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas, endeudamiento temerario y rechazan la compensación millonaria que reclamaba la firma.

Las nuevas autoridades de Vialidad Nacional desoyeron esos expedientes internos, le reconocieron a la empresa los 500 millones de dólares que pedía y le extendieron el contrato hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como lo establece la ley. La concesión -de la que participaba la empresa del presidente- debía haberse caído por los graves incumplimientos.

Todas las medidas del gobierno de Macri se han enfocado en beneficiar a la empresa de peajes cuyo accionista era el Grupo Socma. Una de las primeras decisiones administrativas de Javier Iguacel fue levantar la intervención de Ausol, que había dispuesto la administración anterior por los evidentes incumplimientos del contrato y diversas denuncias e irregularidades. En paralelo Iguacel intervino AECSA, la concesionaria de la Autopista Ricchieri, en manos en ese momento del Grupo Indalo, cuyos titulares fueron ahogados en lo financiero y perseguidos judicialmente. Las mismas autoridades de la UIF y la AFIP que encabezaron las diversas querellas contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron las que no iniciaron ni una sola acción, a pesar de los alarmantes informes del ex Occovi sobre la situación irregular de Ausol.

Mientras tanto, el juez Rodolfo Canicoba Corral avanza en su investigación por fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dijovne están en la mira de la Justicia.

TELEGRAPH

PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

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