ALLANAN ASUNTOS INTERNOS DE LA BONAERENSE Y CONFIRMAN ESPIONAJE A JUECES

Una investigación penal que avanza en una fiscalía de La Plata augura desatar un escándalo. La sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense fue allanada en el marco de una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público radicada por un ex comisario de esa fuerza contra el auditor Guillermo Berra. En el operativo se encontró prueba que confirma que desde el organismo encargado de analizar la conducta del personal policial se realizaron tareas de espionaje ilegal a magistrados. Los graves hechos ponen bajo la lupa al ministro de Seguridad y candidato a diputado, Cristian Ritondo, y a la gobernadora María Eugenia Vidal, ambos responsables de la fuerza.

 

 

La denuncia que motivó el procedimiento fue radicada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien acusó a Berra de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.

El comisario mayor Néstor Omar Martín integró la cúpula policial del ministro Ritondo hasta su retiro.
En la denuncia, a la que accedió Letra P, Martín acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.

Según se lee en el escrito, el ex comisario sostuvo también que esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó como el “comisario más rico de la Bonaerense”.

Además, consignó que la Auditoría de Asuntos Internos “continuó investigándolo pese a que no reviste calidad de funcionario policial a partir del 1º de noviembre de 2016, cuando se le aceptó la baja”.

Silvina Langone, fiscal de juicio de La Plata.
A su vez, denunció que la investigación “se extendió a tareas de inteligencia encubiertas respecto de sus familiares, que no revisten ni han revestido jamás estado policial”. En esa línea, la fiscal Cecilia Corfield secuestró documentación que “demuestra que espiaron a la fiscal de juicio de La Plata Silvina Langone y a su marido, el abogado Tulio Marchetto, que se desempeña como Defensor Ciudadano adjunto del municipio platense”, detallaron fuentes de la investigación a este medio. La fiscal fue quien sostuvo la acusación y logró la condena por la triple fuga del penal de General Alvear, las primeras de las turbulencias en materia de seguridad de la gestión Cambiemos.

Las mismas fuentes aseguraron que la lista de magistrados espiados se completa con otros nombres que los investigadores mantienen en reserva. El tema llegó al Colegio de Magistrados de La Plata, donde se analizan los pasos a seguir. La institución presidida por el juez de Casación Víctor Violini ya tomó intervención y preparan un documento judicial que será aportado a la causa.

El espionaje interno a magistrados pone también bajo la lupa al poder político, puntualmente al ministro Ritondo, y a su jefa, la gobernadora Vidal, como responsables de la fuerza de seguridad. La relación de los dirigentes del PRO con el mundo del espionaje no es nueva. Cuando fue Jefe de Gobierno porteño, el presidente Mauricio Macri fue procesado por montar una red de espionaje ilegal para husmear en la intimidad de su familia y de dirigentes políticos propios y de la oposición. Pero salió airoso de la causa. Un día antes de asumir como jefe de Estado llegó el sobreseimiento, en otra clara muestra del timing político de algunos jueces.

ESPEJO NACIONAL. Mientras se realizaba el procedimiento judicial avalado por el juez de Garantías Guillermo Atencio, en el escenario nacional La Procuración General de la Nación (PGN) realizaba un proceso de “información sumaria” en busca de esclarecer los hechos que involucran a un empleado de ese organismo por consultas realizadas al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información sobre salidas del país de dos jueces del fuero penal económico.

La decisión se produjo luego de que la Procuración tomara conocimiento de la investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la que se detectó que desde distintos organismos del Estado se habían realizado averiguaciones sobre viajes de más de 20 magistrados.

LETRA P

PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

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