“TENEMOS OBLIGACIÓN DE RECLAMAR REGULARIZAR LAS TASAS A EMPRESAS EXPORTADORAS COMO CUALQUIER CONTRIBUYENTE QUE TENGA DEUDA”

“TENEMOS OBLIGACIÓN DE RECLAMAR REGULARIZAR LAS TASAS A EMPRESAS EXPORTADORAS COMO CUALQUIER CONTRIBUYENTE QUE TENGA DEUDA”

 

Silvia Blanco, abogada y asesora en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, estuvo como invitada al programa radial “Sin Red” del periodista Marcelo Aspiroz quien lo conduce por Fm Nexo. Allí se expresó en detalle sobre las cuestiones técnicas de su área y sobre el sonado caso del Municipio contra el Consorcio del Puerto por una deuda de impuestos de más de doscientos millones de pesos.

Blanco comentó al aire que en su área de trabajo es fundamental el diálogo y la buena atención, ya que brindan una base sólida para la mediación: “es una buena herramienta para empatizar con el ciudadano y así llegar a un punto en común que nos sirva a todos. Tenemos un mecanismo de trabajo organizado de tal manera que, cuando las deudas llegan a legales se procede a intimar en forma previa, con el fin de llegar a un acuerdo para no avanzar hacia una instancia judicial”.

“Esto sucede con cualquier tipo de contribuyente. Y con respecto a la deuda de la “tasa solidaria de mantenimiento y gerenciado de la red vial portuaria”, comúnmente llamada “tasa portuaria”, la misma fue implementada y votada a los fines de poder obtener recursos del estado para el mantenimiento de la red vial que está habilitada legalmente para el tránsito que utiliza diariamente el consorcio del puerto de Quequén. La utilización de la vía pública de la ciudad, hace que las empresas exportadoras puedan llegar al puerto con sus cargas y ese usufructo está gravado con un impuesto que no se paga desde 2015, hasta su derogación”, sintetizó la asesora.

La tasa portuaria tenía una aplicación sobre cada tonelada transportada, la misma era calculada sobre la declaración de porte que presentaba la empresa exportadora. “El valor de ese entonces estaba fijado en 23 pesos por tonelada o sea, 0,33 centavos de dólar. Esa tasa responde a un servicio brindado y utilizado. Hoy se continúa realizando el mantenimiento de la red vial utilizada por los camiones con los fondos del municipio, sin poder cobrar la tasa. Si se cobrara ese impuesto, esos fondos ingresarían a cuentas generales y se podrían destinar a la realización de obras, desarrollo de salud, trabajo, educación y cultura”, destacó Blanco.

“Siempre tuvimos un diálogo permanente con las 28 empresas implicadas y que no cumplían con sus pagos.

Lamentablemente las negociaciones no avanzaron, nuestra intención nunca fue llegar a la instancia Judicial. Esto se transformó en un juicio ejecutivo que tiene las defensas acotadas. La medida cautelar que dictaminó el Juez a favor del Municipio nos garantiza a cobrar la tasa. Lo que significa es, que ese monto adeudado se ha logrado embargar y en algunos casos ha logrado la inhibición. En este momento ese dinero se encuentra en resguardo de una cuenta judicial sin que el Municipio o la empresa puedan disponer o acceder a él. Es necesario garantizar el derecho que el juez considera que el municipio tiene y que este sea efectivo, con el fin de no llegar al final del juicio y que la empresa se declare insolvente”.

Por último, la funcionaria recordó que en 2017 hubo un pedido de acuerdos en conjunto con el SEC para firmar un “acuerdo marco” con el Consejo Deliberante y que este decidió no aprobarlo. “Desde el municipio contamos con un título ejecutivo hábil para poder hacer esta ejecución. No cometimos errores en el procedimiento legal de demanda, hubo una intención de conciliación que duró dos años y desafortunadamente no llegó a buen puerto. Tenemos la obligación de reclamar la regularización del pago como cualquier contribuyente que tenga deuda”, concluyó.

LA NUEVA COMUNA

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