EL BLINDAJE MEDIATICO DEL GOBIERNO DE MACRI

De eso no se habla

En sus tres años y medio en el poder, el gobierno de Macri ha enfrentado las continuas protestas en rechazo de las medidas que han provocado despidos masivos, recortes en salud, incremento de la pobreza, del hambre y de la mortalidad infantil

El gobierno de Mauricio Macri goza de un blindaje mediático sin precedentes desde la recuperación de la democracia, en 1983. Con los medios estatales y los hegemónicos imponiendo un discurso único, no hay lugar para la crítica del modelo económico ni espacio en el que se muestren sus catastróficas consecuencias.

Con Macri en el poder, el círculo se ha cerrado. El Grupo Clarín y su socio, La Nación, son la punta de lanza del discurso informativo único, de la hegemonía mediática que han obtenido a partir de la apropiación de Papel Prensa, una maniobra delictiva cuyos responsables continúan impunes. La devolución de favores se evidencia cada día desde los titulares en los medios gráficos, radiales y audiovisuales. Macri goza de tan tremendo blindaje que, desde su asunción al poder, no ha habido ninguna investigación periodística que profundice en las causas que sobre él pesan, ni en la deuda millonaria de Correo Argentino que el presidente se autoperdonó, ni en el escándalo Panamá Papers, ni en las maniobras fraudulentas de la campaña de Cambiemos en las elecciones de 2015; mucho menos aún en los flagrantes delitos en la obra pública que, para la prensa oficial, son apenas “conflictos de intereses” cuando se trata del oficialismo, y delitos graves cuando se trata de la anterior administración.

Con el inmenso poder que ostentan, los medios del poder desdibujaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante constantes operaciones de prensa, y a sólo cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, continúan haciéndolo. Macri no demoró en devolver los favores recibidos por el Grupo Clarín que ofició de su vocero y lo presentó como adalid de la lucha contra la corrupción: Una de sus primeras medidas fue la de desmantelar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entre otras cosas tenía como finalidad recortar la hegemonía con la consecuente democratización de la comunicación.

Pero este blindaje mediático no se limita solo al silencio de los medios hegemónicos respecto del desastre económico provocado por el gobierno de Cambiemos o a las oscuras maniobras mediante la cual los funcionarios, socios y amigos del presidente han cuadriplicado sus fortunas, sino que va un paso más allá y se adentra en la tergiversación de la realidad con el objetivo de colorear las verdades más incómodas. La justificación de la violencia institucional es constante. Las muertes provocadas por la laxitud de las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son presentadas bajo una serie de maniobras mediante las cuales los medios pretenden justificar el abuso que diariamente perpetran las fuerzas de seguridad, cobrándose hasta el momento las vidas de 1.303 personas. Según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional (Correpi), la violencia ejercida por el Estado Argentino en la era Macri reporta al menos 1.303 muertes (contabilizados hasta febrero de 2019): un fallecido cada 21 horas.

En sus tres años y medio en el poder, el gobierno de Mauricio Macri ha enfrentado las continuas protestas en rechazo de las medidas que han provocado despidos masivos, aumentos indiscriminados de las tarifas de servicios públicos, recortes en salud, incremento de la pobreza, del hambre y de la mortalidad infantil. Estas manifestaciones han derivado en violencia: vehículos policiales que atropellan a manifestantes, agentes que agreden sin motivo a quienes protestan pacíficamente e incluso a personas que nada tienen que ver con los reclamos, y que también resultan heridas o detenidas por las fuerzas de seguridad.

Los medios del oficialismo no dudan en justificar lo injustificable, poniendo en práctica la maquinaria de estigmatización y criminalización de la protesta, montando escenarios falsos y acusando de “delincuentes” a quienes se manifiestan en contra de las medidas implementadas por el gobierno nacional.

«Estamos atravesando el pico represivo más violento desde el año 1983. Hubo otros momentos especialmente duros como el 2000 o 2008, pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas», denunció en 2017 la dirigente de la Correpi, María del Carmen Verdú.

Hace dos años se filtró un listado de armamento solicitado por la embajada argentina en EE.UU. para “misiones de paz” y para «atender amenazas globales como la lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado». El listado contemplaba la compra de más de 60 helicópteros y 182 tanquetas tipo Stryker, utilizadas por el ejército norteamericano y el israelí, 12 aviones de caza F-16 Fighting Falcon y 24 aviones de caza Texan T6, empleados para el entrenamiento de pilotos.

Macri se arma. En 2016, paralelamente a los recortes en salud y educación, y en plena pelea por materializar la reforma laboral, el gobierno argentino invirtió 100 millones de pesos en la compra de balas de goma y gases lacrimógenos. Y en enero de este año la Ministra de Seguridad consiguió el aval del presidente para la adquisición de 300 pistolas taser por un valor de 3 mil dólares cada una.

Los medios hegemónicos están empeñados en las operaciones mediáticas contra la oposición, que aparece en las encuestas como ganadora en primera vuelta. Mientras tanto los escándalos de corrupción que deberían sacudir a la sociedad, no son materia de portada, y por lo tanto, se mantienen ajenos a la opinión pública. La represión es la manera de asegurar la continuidad de un modelo de país que solo puede sostenerse a fuerza de balas y blindajes. Un escenario en el que la democracia ha perdido todo su significado.

NUEVA TRIBUNA

PUBLICADO EN LANUEVACOMUNA.COM

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